Para la fiscal coordinadora, Claudia Salica, el fiscal Cristian Gerarduzzi, y el ayudante fiscal, Gustavo Mendoza (UFI de Delitos Contra la Propiedad), los cinco sospechosos debían permanecer un mes con prisión preventiva en la cárcel de Chimbas, porque en libertad podían entorpecer la investigación influyendo a otros posibles cómplices o a los testigos del caso, como el exempleado identidad reservada que los delató por hurtar gas oil de la empresa OPEM, por lo menos desde comienzos de este año.
Si bien el juez, Roberto Montilla, adhirió a ese planteo, no compartió la modalidad del encierro y ordenó que permanezcan detenidos un mes, pero en su casa, con rondas periódicas y sorpresivas de la policía. La investigación podrá extenderse durante 6 meses.
Para Fiscalía, los tres empleados de OPEM, Rodolfo Javier Pirri (44 años, encargado de depósito), el chofer Jairo Matías Gramajo (35, chofer), Gustavo Ariel Mengual (42, empleado en la estación de servicio), como sus cómplices externos, el padre de Gramajo, Miguel (58, jubilado en la misma firma) y el dueño del lavadero donde acopiaban el gas oil hurtado, Gustavo Daniel Maldonado (47) pudieron cometer cuatro delitos.
A saber: asociación ilícita por el nivel de organización que tenían y porque pudieron cometer otros delitos. Hurto, agravado por ser el combustible una mercadería o cosa mueble transportable. Tenencia de materiales inflamables o tóxicos sin autorización. E infracción a la ley 24.051, que regula la manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos.
Tras escuchar el relato de los hechos de Fiscalía, la defensora oficial de Maldonado, María Emilia Nielson, cuestionó los cargos contra su defendido porque -dijo- Fiscalía no explicó de qué manera su defendido se vio involucrado en las maniobras. Pidió su libertad, igual que Manuel Giménez Puchol (defensor de Mengual) y Claudio Vera con Alejandra Iragorre (asisten a los Gramajo y a Pirri), aunque en subsidio solicitaron la modalidad de cumplimiento domiciliario, que finalmente se impuso.
Vera e Iragorren consiguieron también que les devuelvan el teléfono de la madre de Matías Gramajo, porque es paciente oncológica y el teléfono es una parte clave para su vida, ya que allí tiene tanto los contactos de médicos y otros profesionales, como también resultados de estudios y el seguimiento de su enfermedad, explicaron.
El caso había sido denunciado por uno de los dueños de la firma el pasado 29 de setiembre, luego de que un exempleado lo contactara para decirle que estaba al tanto de que Pirri era el ‘mentor o cabecilla’ de un grupo que concretaba el hurto hormiga de combustible, por lo menos desde comienzo de año.
Según ese relato, otras patas claves en la sustracción eran el chofer Matías Gramajo, el empleado la estación de servicio, Mengual. También el dueño del lavadero y el padre de Gramajo, Miguel. La maniobra consistía en entregar menos combustible del comprado por dos empresas de transportes de pasajeros, entre otras, y llevar lo remanentes para almacenarlos en recipientes de 1.000 litros que había en el lavadero (allí incautaron casi 3.000 litros). La sospecha es que desde allí sacaban el gas oil en bidones más chicos para revenderlo, tarea de que se habría encargado especialmente Gramajo padre. También habrían sustraído combustible de otros vehículos de la firma.
En los 6 meses que resta de investigación, Fiscalía espera conseguir el registro de las cámaras de la Policía y un informe del seguimiento satelital de los camiones de OPEM; una pericia de Bomberos para constatar la sospecha inicial: el almacenamiento irregular del gas oil y si estaba o no adulterado. Los informes de las proveedoras de La Pampa y Mendoza. Y, lo más importante, el resultado de las pericias en los teléfonos incautados a los sospechosos.
Cuatro de los imputados se abstuvieron de dar su versión de los hechos. El único que habló fue Matías Gramajo, para negar cualquier vinculación: ‘Me declaro inocente, no sabía nada de todo esto, no participé en nada’, dijo el chofer.