Nuevamente se desata un escándalo por filtraciones internas de datos judiciales que favorecían a delincuentes. En esta ocasión, el apuntado es Diego Ruarte, un joven policía que estaba afectado a la UFI Delitos Contra la Propiedad y que quedó imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al ser descubierto vendiéndole información clave a Franco “Chorico” González, señalado como uno de los jefes de La Banda del Pueblo Viejo, una de las facciones violentas de la barra brava de San Martín.
De acuerdo con la investigación, Ruarte averiguaba cómo avanzaba la causa contra González y su entorno —órdenes de allanamiento, posibles detenciones, movimientos internos del Ministerio Público— y filtraba esos datos a cambio de dinero, comprometiendo operativos y entorpeciendo el trabajo fiscal. Aun así, “Chorico” González terminó capturado durante el amplio operativo que desarticuló a su grupo.
La jueza Flavia Allende formalizó la causa y dictó tres meses de prisión efectiva para Ruarte, además de fijar ocho meses de investigación penal preparatoria. El uniformado quedó definitivamente en la mira después de dos meses de pesquisa interna, tiempo en el que fue trasladado primero a la Unidad de Abordaje Territorial y luego a la Comisaría 17°, donde dejó de cumplir funciones por presentar un parte médico. Según fuentes de la UFI Genérica, incluso habría intentado comunicarse con la fiscal de la investigación, Daniela Pringles, y con colegas de brigada para saber qué información existía en su contra.
El caso Holeywell
El caso Ruarte no es un episodio aislado. Meses atrás, Adolfo Andrés Holeywell, jefe de despacho de la UFI Delitos Contra la Propiedad, admitió haber entregado información sobre allanamientos a la banda de los “roba ruedas”.
Fue sentenciado a un año de prisión en suspenso mediante juicio abreviado. Su accionar permitió que delincuentes se anticiparan a operativos, generando un fuerte escándalo institucional. Tras ser condenado, Holeywell presentó la renuncia a su cargo en Tribunales.
Cómo sigue la causa de los barras
La causa contra Ruarte se enmarca en la investigación más amplia sobre la guerra interna entre las facciones “La Banda del Pueblo Viejo” y “Nueva Generación” de la barra de San Martín, una serie de enfrentamientos que dejó cinco hechos violentos y una larga lista de imputados.
Los líderes del grupo, Franco Ariel “Chorico” González y Jonathan Mauricio González, fueron detenidos tras varios días de búsqueda, debido a su estilo de vida itinerante. Ambos aceptaron un juicio abreviado. Franco González acordó ocho meses de prisión efectiva, por su historial cargado de antecedentes (más de 20 causas y seis condenas) y Jonathan González seis meses de prisión efectiva.
El castigo más severo recayó sobre Iván Andrés Dávila Yafar, acusado de efectuar disparos contra una vivienda. Fue condenado a tres años de prisión efectiva, tras unificarse una causa previa por robo con una sentencia reciente por daño, amenazas y tenencia de arma.
Francisco Asís recibió seis meses de prisión condicional por amenazas, daños y lesiones leves.
Dos barras accedieron a la suspensión del juicio a prueba: Marcelo Gerardo “Puchi” González Pereyra, quien deberá pagar $900.000 en reparación (150 mil pesos por cada una de las seis víctimas) y cumplir tareas comunitarias fuera de Capital para evitar enfrentamientos. Y Fernando Nicolás Moya, también beneficiado con probation.
Quedan aún pendientes las definiciones procesales de Nicolás Agüero y Franco Maurín.