La Justicia sanjuanina homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio en una causa por estafas que involucró a un empresario y al hermano de un jugador del Club Atlético San Martín. Fiscalía investigó una maniobra basada en la entrega de cheques sin fondos que generó un daño económico estimado en 130 millones de pesos. Dos personas fueron las que denunciaron a los implicados.
La audiencia de homologación realizada este martes por la mañana, fue encabezada por el juez Federico Rodríguez, con la intervención del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Nicolás Alvo, junto a los ayudantes fiscales Dra. Silvina Putelli y Rodrigo Lafont. Los imputados son Elías Federico Daher (de Maderas Daher SA) y Emiliano Nahuel Barrera (hermano del jugador verdinegro Santiago Barrera y empresario dedicado a la venta de autos), mientras que los denunciantes resultaron ser un hombre de apellido Sagaz y otro de apellido Gómez.
Según consta en la investigación, el caso se originó a partir de la denuncia presentada por Sagaz el 9 de octubre de 2025. El damnificado relató que el 6 de julio de ese año celebró la venta de una camioneta Chevrolet Silverado con Daher, operación que fue instrumentada mediante 22 cheques de pago diferido. Con el correr de los días, varios de esos valores fueron rechazados por falta de fondos, al igual que un pagaré entregado como parte de la operación.
A pesar de ello, y confiando en el comprador, Sagaz entregó la camioneta junto con los formularios 08 firmados, lo que permitió que el vehículo fuera transferido. Ante los incumplimientos, notificó a Daher mediante carta notarial y posteriormente amplió la denuncia, involucrando también a Emiliano Barrera.
En esa ampliación, Sagaz explicó que Barrera —a quien conocía por una operación previa exitosa— le compró un Mercedes Benz abonando con cheques emitidos por Daher. Sin embargo, esos valores también fueron rechazados. Para el momento de la ampliación de la denuncia, los cheques sin fondos sumaban decenas de millones de pesos, correspondientes tanto a la Silverado como al Mercedes Benz.
A la causa se agregó luego la denuncia de Matías Javier Gómez, quien el 3 de noviembre de 2025 acusó a Barrera por una estafa vinculada a la compra de una camioneta Ford F-150 Raptor. El pago se realizó con cheques de Daher: algunos fueron cobrados, pero el resto fue rechazado, generando una deuda superior a los 100 millones de pesos.
Por la conexidad de los hechos y los imputados, Fiscalía resolvió acumular ambos legajos y hacer lugar al acuerdo de reparación integral del perjuicio. Dicho acuerdo contempla la entrega y transmisión efectiva de bienes como forma de pago, con respaldo documental, en compensación por los cheques rechazados.
No obstante, el juez Federico Rodríguez ordenó la reserva del legajo hasta que los imputados cumplan en su totalidad con lo acordado. Recién entonces el fiscal del caso podrá emitir el dictamen de sobreseimiento. Además, se dispuso el registro audiovisual de la audiencia y la notificación formal de todas las partes.
La restitución incluyó dinero en efectivo y la entrega de bienes, entre ellos un camión y al menos una propiedad, con el objetivo de cubrir el monto total del daño estimado en 130 millones de pesos.
Sin embargo, el magistrado interviniente fue categórico al señalar que no dictará el sobreseimiento hasta que los bienes entregados queden debidamente registrados a nombre de sus nuevos titulares. En el caso del camión, si bien ya cuenta con el formulario 08 firmado, resta completar la transferencia. En cuanto a la propiedad, se encuentra en proceso sucesorio, por lo que el juez exigió que se finalice el trámite o se escriture de manera concreta para garantizar que las víctimas queden plenamente resarcidas.
Desde el ámbito judicial indicaron que el objetivo es evitar futuros conflictos legales o reclamos sobre la titularidad de los bienes una vez cerrada la causa penal. Hasta tanto se cumplan esas condiciones, el expediente continuará abierto, aunque con el daño económico prácticamente reparado.
De esta manera, la causa quedó condicionada al cumplimiento estricto del acuerdo, bajo control judicial, con el objetivo de garantizar que los damnificados queden plenamente resarcidos antes del cierre definitivo del proceso penal.