La Justicia federal escribió este martes un capítulo histórico en la región de Cuyo con la condena al juez mendocino Walter Bento, declarado culpable de encabezar una asociación ilícita, cometer hechos de corrupción y participar en maniobras de lavado de activos. En ese fallo de alto impacto institucional tuvo un rol central la jueza sanjuanina Eliana Rattá, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 2.
Rattá conformó el tribunal junto a las magistradas Gretel Diamante y María Carolina Pereyra, quienes llevaron adelante un proceso extenso y complejo que comenzó en julio de 2023 y que implicó audiencias semanales en los Tribunales Federales de Mendoza. La integración de juezas de distintas provincias fue clave para garantizar imparcialidad en una causa que sacudió los cimientos del Poder Judicial mendocino.
El tribunal dio por probado que Bento, de 62 años y exjuez federal con competencia electoral, utilizó su cargo para beneficiar a imputados en causas sensibles, entre ellas vinculadas al contrabando y al narcotráfico, a cambio de sobornos. Según la sentencia, no se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada, diseñada y dirigida desde el propio juzgado.
De acuerdo con las conclusiones del fallo, la organización movió al menos 1,7 millones de dólares, cifra estimada por los investigadores a partir del análisis patrimonial. Ese dinero se tradujo en bienes de lujo, vehículos de alta gama y propiedades, incompatibles con los ingresos formales del exmagistrado.
Uno de los puntos más contundentes del veredicto fue la acreditación del lavado de activos. El tribunal determinó que Bento coordinó personalmente las maniobras para ocultar y blanquear el dinero, con participación activa de personas de su entorno más cercano, incluidos familiares.
Durante la lectura de la sentencia, el exjuez escuchó el fallo acompañado por sus hijos, también imputados en la causa. La resolución dejó en claro que el entramado delictivo funcionó durante años bajo la apariencia de legalidad judicial.
Aunque la culpabilidad ya fue declarada, el proceso judicial continúa. En el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal, resta realizar la audiencia de cesura, instancia en la que el tribunal —integrado por la jueza sanjuanina— fijará las penas concretas de prisión para Bento y el resto de los 25 imputados.