Fue uno de los primeros documentos que pidió la Justicia local para analizar si hubo o no delito. El requerimiento se hizo en marzo y hasta el momento no hay noticias de ese informe. Se trata de escritos que debe mandar el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y que representa una parte sustancial en la causa donde se investiga la contratación, por cifras millonarias, de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) durante la gestión anterior. Fuentes calificadas aseguraron que la demora derivó en que la Justicia reiterara el pedido de informe y si eso no prospera, no se descarta el envío de un exhorto, es decir, solicitar la intervención de un juez de Entre Ríos para que la prueba solicitada por el magistrado local se cumpla.

Además de que la documentación es clave dentro de la causa, también lo es para el fiscal de Estado ya que, según confirmó, esperará a que llegue ese expediente a manos del juez, sea revisado por el fiscal que interviene en la investigación, y si este imputa algún delito, se hará parte querellante para defender los intereses de la provincia. 
Según se pudo conocer, entre los escritos pedidos a la empresa entrerriana se encuentran copias de cada uno de los convenios entre el Ejecutivo local y el IAPSER, el monto involucrado, quienes lo firmaron y constancia de cómo se hicieron los pagos.
 

Ahorro con la nueva empresa

46 Ese es el porcentaje de reducción en el gasto que el Ejecutivo local logró al licitar por primera vez el seguro de ART para empleados estatales.

Fuentes judiciales explicaron que la documentación busca ser cotejada con los aportes ya realizados por las reparticiones provinciales: Secretaría General de la Gobernación, de quien dependió la firma de los convenios, y el Ministerio de Hacienda, quien realizó los pagos a Entre Ríos. 

 La denuncia en la Justicia fue realizada el 7 de marzo por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí, y se produjo luego de que la provincia llevara adelante por primera vez, a fines del 2016, una licitación para contratar un seguro de ART para los empleados estatales (Ver Recuadro). En la compulsa se presentaron cinco firmas y el Ejecutivo decidió adjudicar el servicio a quién hizo la oferta más baja. Desde febrero la provincia desembolsa 15 millones de pesos por mes, cuando el año pasado se pagaron 42 millones de pesos.

Los letrados hicieron la presentación judicial entendiendo que el exgobernador José Luis Gioja debió llamar a licitación el servicio y no contratar directamente al IAPSER, con una cláusula de renovación que se cumplió año tras año, desde el 2005 hasta el 2015. La ART no es el único investigado ya que también están en la mira la cobertura para los alumnos de las escuelas y el servicio para movilidades de Salud Pública, todos licitados por la gestión uñaquista.

Ni el juez del Cuarto Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, ni el fiscal Daniel Galvani, quisieron manifestarse sobre la demora, pero fuentes calificadas aseguraron que la documentación local está agotada y que lo único sustancial que resta por incorporar es lo que envíe el Seguro de Entre Ríos. Además explicaron que al no tener respuesta de la firma, hubo un segundo pedido, lo que ocurrió antes de la feria judicial.

Por su parte, el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicó que “tenemos todo lo incorporando en el proceso penal. Está pendiente la documentación de Entre Ríos”. La decisión del funcionario no es menor, ya que los denunciantes, Seguí y Arancibia, han dicho en declaraciones radiales que si el Fiscal no avanza con hacerse parte de la investigación, está en análisis una denuncia en su contra por falta de deberes de funcionario público.
 

Licitación de un seguro de ART

La apertura de sobres de licitación para la contratación de un seguro de ART se hizo el 27 de diciembre de 2016. A esa compulsa se presentaron cinco empresas de las cuales dos fueron dejadas de lado por no contar con toda la documentación necesaria.

Entre las ofertas evaluadas por el Ejecutivo se encontraban la realizada por Prevención ART, Provincia ART y el propio IAPSER. Todas las propuestas fueron menores a los montos que la provincia estaba pagando hasta ese momento. La firma entrerriana propuso cobrar 238 millones de pesos menos a lo que estaba recibiendo hasta ese momento. 

Tras analizar las ofertas, el Ejecutivo fue por la propuesta más baja, la de Provincia ART, que cobra poco más de 15 millones de pesos por mes para asegurar a todos los empleados públicos provinciales y la Policía, un total de 38.209 personas.

El descargo de la gestión giojista

En mayo, el abogado Fernando Castro, en representación del exsecretario General de la Gobernación Walter Lima, hizo una presentación en el juzgado de Pablo Flores. En el escrito explicó que la contratación del seguro fue directa porque se trató de una relación entre provincias, una de las excepciones que contempla la ley para no hacer una licitación pública.