Fuentes judiciales aseguraron que la fiscal Correccional Silvina Gerarduzzi le solicitará hoy al Ejecutivo documentación sobre los convenios que firmó la gestión giojista con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) desde 2005 hasta 2015, el monto de las contrataciones y los servicios y las comisiones, entre otros puntos.

Se trata de medidas previas que requiere la funcionaria judicial para decidir el futuro de la denuncia que hicieron los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia por las escandalosas cifras en las contrataciones del seguro para los estatales.

En la Legislatura, la oposición presentó un pedido de informes.

Una vez que tenga la información en sus manos, Gerarduzzi podrá definir si hubo o no una maniobra delictiva en perjuicio de las arcas estatales. En el caso de que haya sospechas, el camino que tiene es impulsar que se abra la investigación e inclusive imputar a presuntos responsables. Caso contrario, el destino es el archivo de la presentación.

Desde 2005 y hasta enero del 2017, el IAPSER fue la única empresa que le prestó a San Juan el servicio de ART para los estatales y la Policía, a través de renovaciones automáticas. El año pasado, el desembolso fue de unos 503 millones de pesos.

La gestión uñaquista llamó en diciembre a licitación para abrir el juego y contar con otras ofertas que pudieran reducir los costos. Así fue que la aseguradora que ganó ofreció cobrar poco más de 15 millones de pesos por mes, lo que representa un ahorro en las arcas de más de 300 millones de pesos anuales.