Justificación. En la conferencia de prensa que dio Gioja en abril, Oscar Bernard fue el encargado de argumentar por qué se pagó un elevado índice del seguro.

Antes de fin de año, tres personas que estuvieron ligadas al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y un exfuncionario del gobierno giojista están en la agenda de un pedido para que den sus testimonios y explicaciones por la contratación del seguro de ART para los empleados estatales en la gestión pasada. Según confirmaron fuentes judiciales, entre ellos están el exrepresentante de la empresa entrerriana en San Juan, el exdiputado Moisés Lara, y el exasesor de la Secretaría General de la Gobernación, Oscar Bernard. La medida fue impulsada por el fiscal de Instrucción Daniel Galvani y el OK ahora está en manos del juez Pablo Flores, quien hace unas semanas había dicho que tenía planeado tomar ese tipo de declaraciones, aunque no dio nombres.

El planteo del fiscal además contempla los testimonios de dos agentes que se desempeñaron en la oficina del IAPSER en San Juan durante la firma de algunas de las contrataciones: una mujer de apellido Nayar Ojeda y Mario Cersofio, el gerente general de la firma a nivel local. Las fuentes aseguraron que la solicitud fue realizada el martes y va en sintonía con lo que el magistrado sostuvo hace 14 días en rueda de prensa, en la que dijo que "se está armando la agenda de declaraciones, algunas pueden ser de carácter técnico y otras testimoniales. La idea es poder comenzar con ellas antes de que comience la feria judicial de enero. Antes que finalice el año".

Además, ya se encuentra en San Juan la documentación que el magistrado le solicitó a la firma entrerriana, como la copia de los contratos que se firmaron, el período por el que se hicieron, los montos adjudicados y los balances de la empresa, entre otras. La intención es "peritar y cotejar dichos documentos con los que existen en San Juan para determinar si hubo maniobras que puedan incluir sobreprecios", indicó Flores en su momento.

Las fuentes explicaron que el pedido de llamar a declaración testimonial es para que las personas den cuenta ante el juez qué funciones cumplían para la empresa y qué participación tuvieron a la hora de llevar adelante los convenios entre la provincia y el IAPSER. Además, para que indiquen si recibían órdenes de algún superior.

Tanto Lara, representante local de la entidad, como Bernard, exasesor de la Secretaría General de la Gobernación por donde pasó la contratación de la ART en la gestión giojista, son cercanos al exgobernador José Luis Gioja, al punto que ambos participaron de la conferencia de prensa que el actual diputado nacional dio como descargo tras el informe que el canal nacional TN hizo sobre la causa y que reflejó este medio. Ambos dieron sus explicaciones.

El caso de la ART se inició en marzo luego de una denuncia presentada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia. Los profesionales hicieron una denuncia y le solicitaron a la Justicia que investigue la contratación del IAPSER por el seguro de ART que llevó adelante la gestión giojista. La polémica surgió luego de que este medio diera a conocer que la administración uñaquista llamara a licitación el servicio después de 11 años y que de ese proceso surgieran valores considerablemente menores a los que se venían pagando. Incluso, en la compulsa de precios, el IAPSER presentó una oferta de 265 millones de pesos para mantener el seguro durante todo este año, cuando llegó a cobrar 503 millones por el mismo servicio en 2016. La gestión uñaquista logró ahorrar poco más de 300 millones de pesos al adjudicar el servicio a una nueva empresa, Provincia Art.



Documentación

Además de los informes solicitados al IAPSER, el juez Pablo Flores requirió documentación a dos reparticiones del Estado, la Secretaría General de la Gobernación, donde se hicieron los contratos, y al Ministerio de Hacienda, de donde salieron los pagos hacia la empresa de seguros de Entre Ríos en la gestión pasada.

Demora en la causa

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Son los meses que han pasado desde que se radicó la denuncia en la fiscalía de turno para que se investigara la contratación de seguros de ART.