En una nueva audiencia del megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia, uno de los acusados, Jorge Olivera, intentó despegarse de las delitos que le atribuyen diciendo que no tuvo “nada que ver” con la detención y posterior desaparición de la joven María Ana Erize. El otro, Gustavo De Marchi, criticó el desarrollo del proceso porque dijo que es “ilegal e injusto” y que los debería estar juzgando un tribunal militar.
Cuando ya las audiencias están avanzadas y se ha podido escuchar a numerosos testigos que los ubican participando en los operativos de detención ilegal de personas y también en el RIM 22 y en el Penal de Chimbas, donde se torturaban a los detenidos, dos de los imputados de delitos como tormentos y la desaparición de personas, pidieron hablar ayer.
El primero, Olivera, sospechado de haber coordinado las tareas de inteligencia en el RIM 22 después del golpe militar, dijo que no tuvo nada que ver con la detención primero y desaparición después de la joven Erize, que cayó en un operativo el 15 de octubre del ‘76.
“No tuvimos nada que ver con el caso Erize, fue un operativo de la Policía de San Juan”, dijo y luego hizo fuertes acusaciones contra la jueza Margarita Camus, que es querellante en el proceso, y contra el fiscal Mateo Bermejo. Y cuando éste lo quiso interrogar, dijo que “el fiscal me pone violento y no voy a responder”. Tampoco accedió a responder las preguntas de la querella.
De Marchi, uno de los oficiales del RIM 22 que encabezaba los operativos de detención de personas, sostuvo que “soy víctima de un juicio ilegal, no me pueden juzgar ustedes, nos debería juzgar un tribunal militar”. Y pidió que en las audiencias hubiera por lo menos un asesor en temas militares.
El comentario generó la reacción de uno de los miembros del Tribunal Oral Federal, Raúl Fourcade, quien manifestó que “usted tiene más garantías en un juicio ordinario que ante una corte militar, porque incluye la pena de muerte”.
Como De Marchi insistía con su postura, el presidente del Tribunal, Alejandro Piña, dio por concluida la audiencia.
Antes de las indagatorias, prestó declaración testimonial el abogado Fernando Mó, quien para la época del golpe militar era diputado provincial por el Partido Bloquista.
Estuvo detenido en la vieja Legislatura y en el Penal de Chimbas y ante una pregunta de la abogada Camus respondió que el bloquismo había colaborado con el Gobierno militar y que incluso tres de sus dirigentes fueron gobernadores de la provincia: Domingo Javier Rodríguez Castro, Leopoldo Bravo y Eduardo Pósleman.
Las audiencias del megajuicio continuarán el miércoles 13, a partir de las 9.