Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, pidió tiempo y paciencia para analizar el acuerdo por el concurso preventivo de Correo Argentino S.A. entre el Estado y la empresa controlada por el Grupo Macri, de la familia del Presidente.

 

Ayer, la diputada Victoria Donda presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo para suspender cualquier resolución y solicitó que el organismo a cargo de Alonso se expida sobre el caso.

 

Esta mañana, la titular de la OA habló con radio La Red de la "sensibilidad muy alta" respecto al supuesto conflicto de intereses del caso, pero evitó dar una opinión sobre el tema hasta tanto no sea analizado.

 

"Yo pongo las manos en el fuego por mí, no puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la OA que le toca investigar a otros funcionarios", respondió Alonso cuando el periodista Luis Novaresio insistía en obtener una opinión de una dirigente que fue muy crítica de la corrupción kirchnerista.

 

La funcionaria sugirió que Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, debió haber consultado antes de cerrar el acuerdo que levantó una fuerte polémica.

 

Alonso explicó que "hubiese sido saludable" que Aguad hubiera hecho una consulta. Y que su organismo tomó cartas en el asunto a partir del dictamen de la fiscal Boquín que mencionó una presunta violación a la ley de Ética Pública.

 

"Este caso va a tener su solución administrativa, judicial y parlamentaria y como yo sugiero es que todos tomen nota frente a una situación donde puede haber una complicación extra más allá de lo administrativo normal, que hagan una consulta preventina a la oficina", respondió.

 

Al igual que con el caso del ministro de Energía y las acciones de Shell, Juan José Aranguren, al que el organismo le recomendó vender sus papeles en la petrolera por un posible conflicto de intereses, Alonso quedó otra vez en medio de la polémica.

 

En diálogo con este diario, la funcionaria también aclaró una reunión que tuvo con el actual titular del Correo (y quien comandó también la empresa cuando la privatizaron a favor de los Macri), Jorge Irigoin, semanas antes del polémico acuerdo. En ese convenio, objetado por una fiscal, el grupo SOCMA, ex concesionario, se compromete a pagar 600 millones de pesos, en 15 años y con un interés de sólo el 7% anual. La deuda original, de 2001, era de unos 300 millones y según la fiscal que pide rechazar el arreglo, actualizada a hoy serían 4.000 millones.

 

"Las reuniones está en un registro público, así que no hay nada que ocultar. Lo recibí a él y a otro representante del Correo, junto a otro funcionario de la oficina, para hablar de los estándares de las empresas estatales, como lo hicimos con los de YPF, Tandanor... No se habló nada de lo vinculado a la deuda y el acuerdo, que, como la mayoría, me enteré recién ahora", sostuvo Alonso.