Quedó en el centro de la tormenta por no haber dado cumplimiento a una reciente orden judicial. Pero ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a justificar su accionar, aunque volvió a echarle la culpa a la Justicia, lo que avivó la llama de la discordia con la Corte Suprema.
Aníbal defendió su decisión de que las fuerzas de seguridad no llevaran adelante una orden judicial de desalojo en el gremio de Aeronavegantes y culpó a la Justicia por haber dilatado durante tres años la resolución del conflicto por unas elecciones en el sindicato.
"Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución”, subrayó el ministro coordinador, durante una conferencia de prensa para detallar la actuación del Gobierno en este caso, la existencia de fallos judiciales contrapuestos y la intención oficial de evitar "enfrentamientos sangrientos”.
Desde la Corte Suprema, la ministra Carmen Argibay ratificó los cuestionamientos formulados el miércoles sobre la actitud de Fernández y el juez Carlos Fayt recordó que la "desobediencia” de una orden judicial se pena con entre "15 días a un año de prisión”.
Argibay insistió en que "es preocupante que se ignoren las órdenes” de los magistrados y alertó que "si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal”.
El miércoles, Argibay también se refirió al fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobierno de Santa Cruz restituir en su cargo de Procurador General de esa provincia, Eduardo Sosa, que todavía sigue esperando.
En el gremio de los Aeronavegantes, la asunción de las nuevas autoridades quedó suspendida por orden de la Cámara Laboral que convocó a las listas en conflicto y al ministerio de Trabajo para acercar posiciones y resolver esta situación que ya lleva tres años.
Ayer iba a asumir la lista Celeste -opositora al sector de la embajadora en Venezuela Alicia Castro-.
En tanto, el jefe del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, juzgó como "el máximo del deterioro institucional” el supuesto incumplimiento de Aníbal Fernández de la orden judicial referida al conflicto que mantiene el gremio de Aeronavegantes.
La polémica que involucra a Fernández se desencadenó a partir del fallo de la jueza Beatríz Ferdman, del 2 de diciembre pasado, que ordenó el auxilio policial para desalojar a la actual conducción gremial y poner en su lugar a la otra lista que, según la magistrada, se alzó con la elección cuestionada celebrada tres años atrás.
El jefe de Gabinete le ordenó a la Policía no acatar el fallo, lo que generó fuertes cuestionamientos contra su figura, incluido un pedido de moción de censura por parte de diputados radicales.
Fernández, sin embargo, explicó que esa decisión judicial "era de cumplimiento imposible” ya que había otro fallo del Tribunal 2 de Lanús en contrario y aclaró que "por esta razón decidimos no intervenir”.