El escándalo por las elevadas cifras en los contratos de la ART para los estatales en la gestión giojista ya se encuentra bajo investigación para establecer si hubo maniobras delictivas y presuntos responsables.

A casi un mes de la denuncia y tras idas y vueltas por distintas instancias en la Justicia, el fiscal Daniel Galvani realizó el llamado requerimiento de instrucción y en un comunicado de prensa indicó que una vez que cuente con las pruebas documentales que solicitó, valorará la necesidad de solicitar indagatorias, esto es, declaraciones a supuestos sospechosos. El exgobernador José Luis Gioja dio ayer declaraciones ante los medios, en las que atacó al canal de noticias TN y a este diario por la difusión del caso y de nuevos detalles.

Reducciones

15 Millones de pesos por mes pagará la actual gestión por la ART de los estatales. Al IAPSER se le abonaba 42 millones. En la licitación, la compañía hizo una oferta menor.

El caso estalló cuando el Gobierno licitó en diciembre el servicio de seguro para los empleados públicos y salió a la luz que con la compañía que ganó la compulsa ahorrará 300 millones de pesos al año, en comparación a lo que le había pagado en 2016 al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). La empresa había conseguido la prestación de manera directa y renovaciones anuales automáticas. Inclusive, se había presentado a la licitación y curiosamente hizo una propuesta menor a la que venía cobrando.

Las por lo menos llamativas cifras de los contratos tuvieron repercusión nacional, al punto que el canal TN difundió el martes un convenio de seguro entre la provincia y el IAPSER del 1 febrero del año pasado, en el que aparece la firma de Gioja, pero con el sello de Gobernador, cuando había dejado el cargo hacía dos meses. El actual diputado nacional hizo su descargo sobre el informe y a través de un asesor dio su versión sobre los abultados números de las contrataciones (Ver página 3). 

Fuentes calificadas señalaron que una persona que no se identificó presentó una copia publicada por los medios del convenio firmado ese 1 de febrero de 2016. En la investigación que Galvani impulsó ante el juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, incorporó ese documento y solicitó que se averigüe la veracidad del mismo, a través de la recopilación del original. 

En el comunicado que emitió la Fiscalía Nº4 se resalta “la necesidad de contar con pruebas documentales existentes en diversos organismos”. Por ese motivo, también incluyó los informes que había solicitado en su momento la fiscal Correccional, Silvina Gerarduzzi, quien había pedido medidas previas luego de la presentación de la denuncia de los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia. La fiscal no siguió interviniendo debido a que la jueza Silvina Rosso se declaró incompetente (Ver claves).

Así, Galvani también pedirá a la Secretaría General de la Gobernación el convenio marco de colaboración entre San Juan y Entre Ríos, decretos de ratificación del contrato, los porcentajes que se pagaron por cada rubro, informes sobre cómo se abonaban las primas y si se cancelaban comisiones al margen de lo que se destinaba al IAPSER.

Una vez que tenga toda esa documentación, Galvani señaló en el comunicado que analizará la necesidad de solicitar testimoniales, indagatorias y pericias. 

Por otro lado, Seguí y Arancibia presentaron en el Juzgado más elementos en la causa. Uno de ellos es una entrevista de Moisés Lara, exrepresentante local del IAPSER, a Radio Light, de la que los denunciantes entienden que la contratación obedeció a favores políticos entre los exgobernadores de San Juan y Entre Ríos que a una relación precio beneficio.

En su discurso, Gioja dijo que “fue un contrato provincia a provincia” y explicó que por la de Entre Ríos pasa el Corredor Bioceánico y que lo que se pretendía era buscar un lugar que también sirva de puerto para toda la carga que transite por la vía que conectará con el futuro túnel de Agua Negra. Los otros puntos que los abogados piden que se investiguen tienen que ver con el contrato de retiro de vida que el exgobernador firmó con el IAPSER al final de su mandato y el informe de TN.

 

Claves

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Denuncia
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Los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia presentaron la denuncia en la Fiscalía Correccional Nº3. Su titular, Juan Manuel Gálvez, se inhibió y la presentación cayó en manos de su colega Silvina Gerarduzzi, a cargo de la Fiscalía Nº4.


Medidas previas

La fiscal Gerarduzzi le solicitó medidas previas a la jueza Correccional Silvina Rosso para definir si impulsaba la causa o la archivaba. Entre los elementos que solicitó estaba el convenio marco firmado entre San Juan y Entre Ríos y demás documentos.


Cambio de manos
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La jueza Correccional Silvina Rosso consideró que la denuncia debía ser investigada por un magistrado de instrucción y se declaró incompetente. La causa volvió a manos de Gerarduzzi, quien decidió no apelar y envió el caso al juez Flores.
 

 

Gioja hizo su descargo contra TN, por el seguro de estatales 
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Multitudinario. El diputado nacional convocó a la prensa para dar su versión del informe dado a conocer por Nicolás Wiñazki el martes por la noche.


En una conferencia de prensa en su oficina sanjuanina, y ante una gran cantidad de periodistas que concurrieron a la convocatoria, fundamentalmente los controlados por el hijo mayor del exgobernador, Gioja respondió de manera parcial al escándalo de la ART y al informe que se emitiera el martes por la noche en el canal nacional TN.

Fue muy crítico ante la publicación de Nicolás Wiñazki, que dio a conocer un contrato con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) por el seguro de ART para los empleados estatales de la provincia para el año 2016. En el documento figura la firma de José Luis Gioja como Gobernador y con el sello de la provincia, pero está fechado el 1 de febrero de ese año, casi dos meses después de que dejara el mando.

Sobre el documento, Gioja manifestó que no ha firmado nada después del 9 de diciembre explicando que “no voy a ser tan opa, con 50 años de carrera política, de firmar algo no siendo Gobernador”. Además, descargó con fuerza contra la publicación, tildándola de maliciosa ya que, según sostuvo, la rúbrica que aparece junto a la de él en el documento presentado corresponde a la de Jorge Raúl Mencía, “quien ha fallecido el 22 de diciembre del 2015”, dijo Gioja.

A la hora de aclarar cómo fue la contratación del IAPSER, desde el 2005 y hasta el año pasado, y por qué se hizo de manera directa y con renovación automática, Gioja manifestó que el convenio firmado oportunamente entre San Juan y Entre Ríos permite ese mecanismo, sin pasar por la licitación. Pero lo que no explicó, pese a la consulta de este diario, es por qué se renovó el contrato año a año y si para eso se hizo un cotejo de precios en el mercado, para saber si la propuesta del IAPSER era la más indicada. 

Oscar Bernard, exasesor de la Secretaría General de la Gobernación, por donde pasó la contratación de la ART en la gestión giojista, fue el encargado de argumentar el elevado índice que pagó San Juan al Seguro de Entre Ríos en los últimos años. Según sostuvo, esto se debió a que la provincia “estaba considerada como una administración con un alto grado de siniestralidad, tanto la Policía como los empleados estatales, algo que fue superado en el último año del mandato de Gioja, 2015”, por lo que queda la incógnita de por qué se mantuvo ese valor en 2016, si la siniestralidad era menor.

Por último, Gioja hizo un descargo político al manifestar que desde la Nación buscan perjudicarlo y promover la “división de los sanjuaninos”. Por otro lado, manifestó que a nivel local preserva fuera de su sospecha la figura del gobernador Sergio Uñac, “lo que no quita que algún funcionario de él pueda querer perjudicarme”, sentenció.