Bajo el anclaje de su delicado estado de salud, el juez penal Pablo Flores renunciará hoy a su cargo, aseguraron fuentes cercanas a su entorno. De esa manera, dejará su puesto en el Segundo Juzgado de Instrucción y, por ende, evitará el juicio de destitución en su contra que iba a comenzar el 25 de este mes por la entrega irregular de una camioneta al comisario Gustavo Padilla, quien la había utilizado para fines personales. El llamado Jury de Enjuiciamiento tenía como objetivo la remoción del magistrado para que perdiera sus fueros y pudiera ser indagado e investigado en la causa en la que está implicado el exjefe del Depósito Judicial. Con su dimisión, el Jury queda sin efecto y el camino se encuentra liberado para que avance el expediente penal que se encuentra en el Primer Juzgado Correccional, a cargo de Alberto Caballero.

El escándalo por la entrega irregular de la camioneta Toyota 4x4 estalló en octubre y, desde entonces, Flores viene de licencia médica por problemas psíquicos, psiquiátricos y cardiológicos, de acuerdo a los certificados de médicos particulares que ha presentado. Inclusive, con la renovación de tales partes de salud, el juez pidió la suspensión del juicio de remoción en dos ocasiones, pero el Jurado, que preside el cortista Daniel Olivares Yapur, lo rechazó en ambas oportunidades. Según trascendió de fuentes ligadas al juez, su estado empeoró, al punto de atravesar etapas en las que se le dificulta el habla y sufrir ataques de pánico. Inclusive, los médicos le habrían señalado que no está en condiciones de desempeñar su cargo de magistrado.

Frente a ese escenario y para evitar un proceso desgastante como el Jury, Flores se inclinó por presentar hoy su renuncia, dijeron las fuentes. El aún juez había sido designado el 17 de noviembre de 2011 por la Cámara de Diputados en el Segundo de Instrucción y hoy cuenta con 62 años. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque son los requisitos clave para retirarse con el nuevo régimen jubilatorio para los jueces, el cual fue modificado por el Congreso tras el impulso del presidente Alberto Fernández. El esquema establece que un magistrado jubilado cobra un haber equivalente al 82 por ciento del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años, cuando antes era del 82 por ciento del último sueldo. En ese marco, Flores no cumple, al menos, con una de las condiciones, ya que aún no ha desempeñado los 10 años de servicio como juez.

La fiscal Claudia Salica le había pedido al entonces juez interino Juan Pablo Ortega que indagara a Flores por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras el planteo y al analizar el expediente, Ortega le solicitó al Jurado de Enjuiciamiento que destituyera a Flores para que perdiera sus fueros y, así, que pueda ser indagado. El titular del Segundo de Instrucción le había entregado una movilidad al comisario Padilla cuando la facultad de la disponibilidad de los vehículos es de la Corte de Justicia, que puede cederlos a instituciones. El Jury admitió la denuncia de Ortega y el fiscal General Eduardo Quattropani había acusado a Flores.