El dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Abel Peralta, no sólo será acusado de haber amenazado a los miembros de la agrupación con perder sus planes sociales si no asistían a una marcha, sino que también enfrentará otras duras imputaciones. Entre ellas, se encuentran las de apretar y tratar de extorsionar al intendente de 9 de Julio con la entrega de módulos alimentarios, sumado a que le achacarán haber privado de su libertad al personal que pretendía salir del edificio municipal durante una movilización. La embestida la hará el fiscal de la Unidad Delitos Especiales, Iván Grassi, quien le pidió a la Oficina Judicial que fije la fecha para llevar adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.
De esa manera, el representante del Ministerio Público saldrá con los tapones de punta y le tirará al dirigente social todo lo que tuvo a mano del Código Penal en lo que tiene que ver con los aprietes hacia funcionarios públicos, además de las presiones a los propios integrantes de la organización. En esencia, los delitos en juego son coacción agravada, tentativa de extorsión, atentado contra el orden público y privación ilegítima de la libertad. Se trata de figuras penales graves, lo que lleva a que el mínimo de la escala arranque en cinco años de prisión. De mantenerse la calificación más grave, Peralta corre el riesgo de ir a la cárcel en el caso de recibir una condena. El dirigente se encuentra en libertad y, frente a semejantes imputaciones, ¿se le puede aplicar una prisión preventiva? Fuentes judiciales indicaron que el fiscal tiene bajo análisis el pedido de tal medida ante el juez, aunque también señalaron que cuenta con una serie de herramientas alternativas, como solicitar que se le prohíba la realización de movilizaciones o el acercamiento al municipio. Por ahora, las figuras delictivas que le marcarán son provisorias, por lo que pueden cambiar mientras avanza la investigación y se llegue a un juicio.
Pese a que las maniobras del dirigente del MTR trascendieron públicamente y generaron un fuerte rechazo, igual ha seguido adelante. Su último movimiento empezó a ejecutarlo el pasado miércoles, cuando, a través de un audio de Whatsapp, les indicó a los integrantes de la agrupación que había que manifestarse en el municipio de 9 de Julio. El jueves se realizó la protesta, en la que militantes "no permitieron, prohibieron o privaron ilegalmente la libertad de circulación y libertad corporal de movimiento mediante el bloqueo de las puertas de egreso del municipio, tanto de funcionarios como de personal administrativos", destacará la imputación.
Fue casi una reincidencia de Peralta, ya que el 18 de julio había mandado el primer audio a los integrantes del MTR para que marcharan al día siguiente al edificio comunal. De la grabación salieron a la luz definiciones como "los quiero (en el municipio) a todos los de la organización. No me empiecen con excusas, con que no quieren ir. No vayan, pero, después, cuando yo cargue para los planes, no me digan "a mí por qué no me cargaste"". No fue lo único, ya que hizo hincapié en que "el único trabajo que tienen ustedes es solamente ir a las marchas", entre distintos aprietes.
El audio le llegó al intendente Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo, quien instruyó a su secretario de Gobierno a que ese mismo 19 de julio pusiera la denuncia. El jefe comunal se reunió con Peralta, quien le pidió módulos alimentarios. Con respecto a la mercadería, le explicó que la entrega se hace a través de un empadronamiento y que no hay privilegios para nadie.
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Imputaciones principales
Coacción agravada
El fiscal acusará a Peralta de coacción agravada por amenazar a los miembros del MTR para obligarlos a hacer algo contra su voluntad, dado que les ordenó que tenían que ir a la marcha, si no, perderían sus planes sociales.
Intento de extorsión
Consiste en obligar a otro, a través de la intimidación, a entregar cosas o dinero. En este caso, la movida de Peralta fue contra el intendente. Al dirigente social también le cabe la coacción agravada contra el jefe comunal.
Privación de libertad
Al impedir la libre circulación y corporal de funcionarios y empleados al trabar las puertas del municipio, Peralta también será acusado de privación ilegítima de la libertad. También le achacarán atentado al orden público.
- ANTECEDENTE
El 2 de mayo de 2011, el juez Juan Carlos Peluc, de la Sala II de la Cámara Penal, condenó al piquetero Raúl Ábrego a tres años de prisión en suspenso por incitación a la violencia y daño agravado contra el edificio municipal de Chimbas. Ábrego era el líder del Polo Obrero y se convirtió en el primer dirigente en enfrentar un juicio. El 13 de febrero de 2006 había ido con un grupo de la agrupación hasta el palacio comunal a pedir bolsones de mercadería. Como no los atendieron, terminaron a las pedradas contra la puerta del municipio, que resultó rota, al igual que los vidrios de algunas ventanas. Por las pedradas y los vidrios destrozados, resultaron heridos cuatro policías que estaban de custodia. El único acusado fue el dirigente piquetero, quien fue condenado con una pena condicional por incitación a la violencia y daño agravado.