Un cementerio, pero de vehículos, que a esta altura no funcionan, están arruinados, corroídos, sucios y hasta pierden líquidos, lo que representa un caldo de cultivo de alimañas y un latente riesgo ambiental sobre la zona. Así se encuentra el depósito al aire libre de 9 de Julio, que alberga unas 30 mil movilidades (entre autos, camionetas, motos y bicicletas) sacadas de circulación por contravenciones, infracciones de tránsito y causas civiles y penales. Un verdadero monstruo que encima crece año tras año. Por eso, desde la gestión uñaquista decidieron hacer un corte y ponerle fin a ese panorama. El Ministerio de Gobierno enviará un proyecto de ley entre esta semana o la que viene para deshacerse en lo que queda de este año de la mitad de esas unidades. ¿Cómo? La norma le marca la cancha a la Justicia, ya que se le informará a cada uno de los juzgados, que tengan a su cargo los vehículos que se vayan radiando o secuestrando, que el predio nuevejulino estará disponible sólo seis meses y que pasado ese plazo, el magistrado deberá decidir qué hacer con ellos, ya que no podrán estar más en ese lugar. Y los que lleven más de dos años en el depósito oficial serán peritados para determinar su peligrosidad ambiental y serán decomisados para su desguace en chatarra.

La iniciativa fue encarada por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. Es que el depósito representa un verdadero problema para el Ejecutivo, que pone un gigantesco predio que no le rinde ningún tipo de beneficio, al que cuida y no cobra nada por la estadía de las unidades. Además, por la cantidad de movilidades, el Ejecutivo ocupa unos 30 policías para el cuidado del lugar, que bien podrían ser destinados a la prevención de hechos delictivos.

Las movilidades sacadas de circulación por faltas de tránsito, contravenciones y hasta causas penales (vinculados a hechos delictivos) y civiles (embargos) son trasladados hasta el predio de 9 de Julio. Si bien en la gestión anterior se sancionó una norma para el desguace de los vehículos, en la práctica nunca se aplicó. Por eso, Baistrocchi expresó que la derogarán con una nueva ley.

Se descarta que el proyecto que presentará el Ejecutivo será aprobado.

El funcionario explicó que la iniciativa tiene dos ejes centrales. Por un lado, atacará el "cementerio" de movilidades. Aquellas que lleven más de dos años en el depósito serán examinadas por personal del Ministerio de Medio Ambiente para establecer si representan tanto un peligro ambiental como de salubridad y seguridad pública. Es decir, si las carrocerías, los componentes, las cubiertas, los cables y los líquidos (aceites y combustibles) afectan el suelo, engendran un riesgo para la salud o si pueden ser un peligro para la seguridad, como la posibilidad de un incendio. Si esto se determinase, lo que es casi un hecho, Gobierno publicará el lote de vehículos en el Boletín Oficial. Ahí se verá si aparece su dueño, que es un hecho que debe por años el impuesto automotor y que zafó del pago de la custodia que habría desembolsado en un depósito privado. Luego de unos días, le comunicará la situación a los respectivos juzgados (de Faltas, Penal o Civil) que lleven la causa. Según la iniciativa, el juez contará con 10 días hábiles para resolver si aún necesita la movilidad para el expediente que tramita. Si no lo requiere o no hay respuesta, el vehículo será decomisado, esto es, que el titular pierde la propiedad del bien por una decisión de interés público de la autoridad estatal, y el Estado lo enviará al desguace como chatarra. Para ello llamará a licitación.

Ahora, si el magistrado indica que lo necesita, deberá sacarlo del predio oficial, indicó el ministro.

El otro eje tiene que ver con las movilidades que vayan a ser radiadas a futuro. Los juzgados contarán con seis meses "con depósito oficial" gratis y superado ese plazo deberán "decidir qué hacer con ellas". Si las necesitan, deberán llevarla a una guardería privada o destinarlas a depositarios judiciales, en el que está incluido el Estado, explicó Baistrocchi. Gobierno y Ambiente también realizarán cada seis meses el control ambiental para determinar si corresponde la disposición final del vehículo.

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, explicó que la iniciativa también contempla a las movilidades abandonadas en la vía pública. En estos casos, la autoridad de aplicación deberá labrar un acta que se dejará en el vehículo en la que se indicará que el propietario tiene 10 días hábiles para sacar el vehículo. Si no se mueve en ese plazo, el Gobierno lo trasladará al depósito de 9 de Julio. En el predio oficial permanecerá durante los seis meses establecido por la norma y si no se retira, se procederá a su destrucción.

El funcionario uñaquista además señaló que el proyecto también comprenderá la situación de las movilidades que se encuentran en las comisarías y que no son retiradas por sus propietarios.

En los últimos años, los autos y motos eran depositados en distintos lugares. Uno de ellos era la exbodega Cavic, que se fueron trasladando a 9 de Julio debido a que allí se construirá la Ciudad Judicial. Otro de los depósitos fue un predio en Pocito y otro lugar fue en Ullum. Todos fueron reemplazados por el terreno nuevejulino.

>Motos

22

Mil es la cantidad de vehículos de dos ruedas que hay en el depósito de 9 de Julio. Por lejos es la movilidad que domina el paisaje en el predio que tiene el gobierno.

>Autos

3.100

Son las movilidades de cuatro ruedas abandonadas por sus dueños o conductores hace 20 o 30 años. Además de esos vehículos hay camionetas y furgonetas.

>Bicicletas

6

Mil son las bicicletas que hay en el predio. Hubo pequeñas donaciones, pero la casi totalidad de las mismas se encuentran en pésimo estado, al punto de que son hierros retorcidos.