Para la Justicia Federal, lo que hay detrás de la venta de facturas truchas y los borrados de deudas impositivas de empresas en la AFIP es un grupo de personas que se juntó con el objetivo de delinquir, es decir una asociación ilícita. De la investigación que desde hace años vienen haciendo el juez Leopoldo Rago Gallo y los datos aportados por el organismo recaudador como parte querellante surge cuál fue el rol que cumplió cada uno de los supuestos miembros de esa banda y cómo se complementaron para consumar las maniobras y repetirlas una y otra vez. La clave para descubrirlos estuvo en el entrecruzamiento de datos y las escuchas telefónicas judiciales, que acumulan más de 200 horas.
De los 11 detenidos que hay hasta el momento, a 10 se les imputa ser parte de la asociación ilícita y autores de los delitos de estafa contra el Estado y evasión agravada. La Justicia entiende que no actuaban en forma aislada, sino que lo hacían de manera coordinada y que cada uno era un engranaje de la máquina para delinquir.
Los más complicados son Eduardo Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari, ya que están señalados como los cabecillas y esa figura penal impone un castigo de 5 a 10 años, es decir que no es excarcelable. A criterio de los investigadores, que se toman fundamentalmente de las escuchas, les cabe ese papel porque son los que organizaron y dieron las instrucciones al resto de los integrantes de la red delictiva.
Según las pruebas recogidas, entre otras cosas, Olmos se encargaba de hablar con la mayoría de los demás miembros, habilitar empresas fantasmas, gestionar la emisión de las facturas truchas y el borrado de deudas en la AFIP, y el reparto del dinero recaudado por las maniobras ilegales. En tanto que Fornari se habría dedicado a captar clientes en la provincia de Mendoza y cobrar algunos servicios que prestaba la organización.
Los otros 8 están señalados en la asociación ilícita, pero como partícipes. Ese delito impone una pena de 3 a 10 años y a diferencia del castigo para los jefes de la organización, es excarcelable.
En ese lote, un escalón más abajo de los supuestos cabecillas, estarían Luis Alberto Alé, Julio Andrés Ayala y Daniel Guillermo Fornari, hijo de Daniel Humberto Fornari. Según las pruebas que constan en la causa que instruye Rago Gallo, el primero vendía facturas truchas a empresas, el segundo buscaba clientes que quisieran hacer desaparecer la deuda que registraban con la AFIP y el tercero comercializaba boletas apócrifas y transfería saldos de libre disponibilidad inexistentes para que contribuyentes pagaran menos impuestos.
Al mismo nivel de ellos está Ricardo Raúl Peña. De acuerdo a la investigación, cumplió un doble rol: era otro de los que comercializaba facturas falsas y encabeza una usina de instrumentos apócrifos.
Para concretar los borrados de deuda en la AFIP, la organización necesitaba tener una pata en ese organismo. Los presuntos contactos eran Rubén Darío Falcón, Adrián Collado, Walter Prividera y Manuel Francisco Montiveros Miranda, que es dirigente sindical.
Fuentes del caso dijeron que Collado y Falcón están acusados de manipular el sistema informático, en virtud de que sus claves fueron ingresadas en las cuentas de contribuyentes cuya deuda fue suprimida. En tanto que, por ahora, no trascendió cuál habría sido el accionar del dirigente sindical y Prividera.
Otro eslabón clave sería Germán Alejandro Montivero Belmonte, que está prófugo. Es hijo del gremialista y la Justicia pone la mira en él como el nexo con los empleados de la AFIP. En una comunicación con Olmos le dice que “acabo de salir de la reunión… pueden limpiar todo” y en otra habla de “$400 mil en autónomo le han borrado”. Supuestamente, se refiere una empresa que tiene varias franquicias de helados Grido.
En las escuchas telefónicas a las que tuvo acceso este diario constan decenas de diálogos entre miembros de la banda y entre alguno de ellos con desconocidos. En algunas hablan de dibujar presupuestos, entregar facturas y eliminar deuda, además de nombrar a empresas como Vicente Albors SA y “Daz Construcciones” y el municipio de Caucete. En otros se cuidan de mencionar montos y firmas comerciales.
En una de las charlas, Peña le dice a Olmos que “todavía no me pasan lo deee… Carpintería Metálica Sociedad Anónima, tengo el CUIT” y ante una pregunta, agrega: “Esas que yo te dije que hay que hacer 50.000 de materiales de construcción todavía no me lo pasan”. En otra, Fornari padre le dice a las risas a un desconocido que “van a tener que hacer una rectificativa ¿viste? con esas boletas. Son retruchas, son retruchas, ¿qué rectificativa?”.
El otro que cayó preso es el empresario Edmundo Novelli, uno de los propietarios de la cadena de helados. En su caso, el juez no lo considera dentro de la asociación ilícita, pero le imputa haberla contratado para que le eliminen deudas impositivas. Sobre su hermano Enzo hay un pedido de captura que hasta ahora no se pudo concretar.
No serían los únicos. Fuentes de la causa dijeron que podrían caer otros empresarios que compraron facturas truchas y que se vieron beneficiados con la limpieza de las obligaciones con la AFIP.