Llegó caminando, abrigado con una campera, de camisa y corbata, como muchas veces se lo vio durante los nueve años que condujo a toda la Policía de San Juan. La diferencia con el pasado es que ahora se encontraba subiendo las escaleras del Juzgado Federal Nº2, que conduce Leopoldo Rago Gallo, para ser indagado ya que está en la mira por la desaparición de Raúl Tellechea. Miguel González llegó acompañado por sus abogados y de lo que informó uno de ellos, se desligó de las sospechas en su contra y sobre las presuntas irregularidades en la investigación, llevadas adelante hace 13 años, apuntó contra su subalterno Roberto Mario León, quien estaba a cargo de la comisión especial que se creó para dar con el paradero del ingeniero.

Rolando Lozano, uno de los defensores, explicó que González "no fue el instructor sumariante y sólo se informaba por lo que le comunicaban sus subalternos". Además, cargó contra la querella al manifestar que "acá se ha querido confundir el rol por la responsabilidad de quien tenía a su cargo la investigación y la función del jefe de Policía. No tienen nada que ver una cosa con la otra".

Por otro lado, Lozano sostuvo que tampoco se evadió a la autoridad judicial como lo plantea la familia Tellechea, ya que la información que solicitaba el juez "fue enviada en el momento en el que los cuerpos técnicos de la Policía lograban finalizar con toda la documentación".

Según explicó el fiscal Federal, Francisco Maldonado, la declaración de González será evaluada y relacionada con la indagatoria que se le tome al exsubcomisario León, prevista para la próxima semana. De la misma manera será considerada con la que brinde Isabel Ahumada, empleada de la mutual de la UNSJ, lugar donde trabajaba Tellechea. Los tres habían sido imputados por el agente del Ministerio Público, a pedido de la parte querellente.

Por la causa hay 6 procesados: Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro, Luis Alonso, Alberto Flores y Sebastián Cortéz Páez. Según el fallo, confirmado por instancia superior, los indicios "permiten inferir que los imputados deliberadamente orquestaron un plan para secuestrar a Tellechea a fin de ocultar el irregular manejo de los fondos de la mutual".

Por su parte, González, León y Ahumada también están bajo la lupa por desaparición forzada de persona, delito que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión. Los tres gozan del beneficio de la excarcelación.