El estado en el que se encuentra la causa de la ART de los estatales produjo cruces entre los que llevan adelante la investigación. Todo se desencadenó luego de que este medio publicara que el fiscal Daniel Galvani le pidiera al juez Pablo Flores que realizara un allanamiento en la sede central del Instituto Autárquico Provincial de Entre Ríos (IAPSER) porque no habría enviado toda la documentación requerida. El magistrado negó que ese procedimiento sea necesario y lo calificó de "circo", ya que había recibido toda la información. Ante las definiciones, Galvani aseguró que está cotejando si efectivamente llegaron todos los papeles, que está en oscuras ya que Flores no lo notifica de las acciones que encara y que la investigación tuvo demoras.

Si bien el juez es el que dirige la causa, la tarea del fiscal no es menor. Es que este último es el que impulsa la acción penal y cuando solicitó que se abriera la instrucción, dejó sentada la necesidad de contar con pruebas documentales para valorar y pedir medidas como testimoniales, indagatorias y pericias. En ese marco, la Justicia busca determinar si hubo sobreprecios en la contratación de la ART de los estatales. Es que desde 2005 hasta enero de 2017, el IAPSER prestó el servicio y el año pasado embolsó 503 millones de pesos. La gestión uñaquista llamó a licitación y redujo el monto en 300 millones de pesos.

La causa se inició en marzo, con la denuncia de Marcelo Arancibia y Diego Seguí. Según Flores, titular del Segundo de Instrucción, "la causa no ha dejado de moverse", por lo que el expediente "no tiene demoras". Sin embargo, según figura en el expediente, el fiscal le requirió el 6 de junio al magistrado que le solicitara al IAPSER copia de los contratos firmados, los montos involucrados y la constancia de los pagos recibidos. La solicitud recién fue informada a Entre Ríos el 5 de septiembre.

Flores indicó además que "al fiscal se lo pone en conocimiento de todo", pero Galvani señaló que reiteró el pedido de información a Entre Ríos el 20 de septiembre, porque "nunca tuve conocimiento de que el juez la había enviado". Sobre el pedido de allanamiento, Flores manifestó que fue una "presentación vieja" y que "hacer un allanamiento es armar un circo, algo mediático". En la causa está registrado que el planteo se hizo el 11 de octubre. Y sobre las declaraciones del juez, Galvani resaltó que "la causa estuvo demorada y tampoco me gustan las cuestiones mediáticas, pero me baso en el Código de Procedimiento, que dice que debe haber prioridad en los casos en las que el delito haya sido cometido en perjuicio de la administración pública".

Visiones

PABLO FLORES - Juez del Segundo de Instrucción

"Tengo toda la información que necesito del Instituto de Entre Ríos. Hay completa colaboración del IASPER para con la causa. La presentación del pedido de allanamiento del fiscal es vieja. El fiscal tiene conocimiento de todo lo que ha llegado".

DANIEL GALVANI - Fiscal de Instrucción Nº4

"Respondo a un superior, el Fiscal General de la Corte, que me solicita informes sobre el estado de todas las causas que tengo a cargo. Reiteré un pedido de información al IAPSER porque nunca tuve conocimiento de que el juez la había enviado".

Declaraciones antes de fin de año

Ante un grupo de medios de comunicación, el juez Pablo Flores señaló que ya se ha comenzado a fijar la agenda de declaraciones en el marco de la causa de la ART. La intención del magistrado es comenzar antes de fin de año con declaraciones testimoniales y que se lleven a cabo pericias para poder analizar los documentos recibidos de Entre Ríos. En ese marco, prefirió no hablar sobre futuras indagatorias. Además, manifestó que "no creo que sea necesario que venga gente de Entre Ríos a declarar. Además la principal persona falleció", en referencia a una de las máximas autoridades del IAPSER, que firmó los contratos con la gestión giojista. Por otro lado, aclaró que, hasta el momento, Fiscalía de Estado no ha solicitado ser parte querellante de la causa.