Buenos Aires, 3 de Septiembre.- El Senado vive un "supermiércoles", como hace tiempo no lo tenía. A instancias de la Casa Rosada, el pleno de la Cámara alta realiza una sesión especial para tratar cinco proyectos de la presidenta Cristina Kirchner, dos de ellos claves para la gestión económica: el que cambia el lugar de pago de la deuda externa y el que actualiza la Ley de Abastecimiento.
La reunión plenaria comenzó a las 13.04 con mucha polémica por la presencia de Amado Boudou, que en condición de vicepresidente ejerce la conducción del Senado.
Inmediatamente, el arco opositor comenzó a protestar por la presencia del funcionario, procesado en la causa Ciccone y en otra por la presunta falsificación de los papeles de un auto. Sin embargo, a diferencia de la última sesión que presidió Boudou, esta vez la oposición permaneció en el recinto por la importancia de los temas en debate.
Los cruces entre el Frente para la Victoria y los demás bloques terminaron con la votación de un proyecto para apartar al vice, finalmente rechazado por la mayoría oficialista.
Tras dos horas destinadas a la situación de Boudou y a cuestiones de privilegio, el Senado comenzó a tratar los temas en agenda. De este modo, sin debate, aprobó una ley para reducir el IVA a pequeños medios gráficos y autorizó a las fuerzas armadas a continuar participando en la misión de “estabilización” de la ONU en Haití. Ambos tuvieron el respaldo de distintos bloques.
Una vez luego se abocó al tratamiento el proyecto de ley de "pago soberano", por ahora la iniciativa más trascendente del año legislativo. Apremiado por la necesidad de sortear el bloqueo impuesto al pago de la deuda en Nueva York por el juez Thomas Griesa y por el vencimiento de 200 millones de dólares el 30 de septiembre, el proyecto presidencial propone a Argentina o Francia como jurisdicción alternativa para los bonistas.
Sobre la marcha del debate, el FpV anunció que se incluirá la creación de una comisión bicameral que investigue la evolución de la deuda desde 1976 hasta la fecha, como lo proponen otros partidos.
Pero sin atender esta urgencia, la oposición en pleno ratificó que rechazara la ley y propone, en cambio, una comisión que reemplace al Gobierno en las negociaciones de la deuda. Es que de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, el “arreglo” de la deuda le corresponde al Congreso, quien no obstante le delegó esta facultad al Poder Ejecutivo.
Más allá de eso, los bloques opositores mantienen distintas posturas. Así, mientras que un sector representado por Fernando Solanas (Proyecto Sur), Magdalena Odarda (Coalición Cívica) y Rubén Giustiniani (Partido Socialista) impugna la legitimidad de una parte de la deuda por haber sido contraída durante la dictadura, Unión Pro propone continuar las negociaciones con los holdouts.
El radicalismo también ratificó que votará en contra del proyecto, al aducir que agravará la situación en la que quedó el país tras las medidas de bloqueo impuestas por Griesa, ante la eventualidad de que los bonistas no se sumen al nuevo canje que propone el Gobierno.
En tercer lugar, la bancada que conduce el rionegrino Miguel Pichetto se abocará a la actualización de la Ley de Abastecimiento. La iniciativa morigera las penas establecidas por la norma de 1974 y habilita al Poder Ejecutivo a establecer “márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”, entre otras cosas.
En la vereda de enfrente, el arco opositor rechaza lo que considera un exceso de intervencionismo estatal en el mercado, en línea con la postura de las grandes cámaras empresarias, pese a las importantes modificaciones que aceptó el Gobierno.
Finalmente, el oficialismo buscará aprobar otros dos proyectos sobre defensa del consumidor: uno que inaugura un Observatorio de precios y disponibilidad de bienes y servicios y otro que crea un fuero judicial específico para las relaciones de consumo.
“En ejercicio del poder soberano” del país, el primer artículo del proyecto declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, así como “el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos”, esto es, tanto a los bonistas que entraron a los respectivos canjes como a los holdouts que litigan contra Argentina.
El objetivo de la norma es “implementar instrumentos legales” que permitan el cobro de la deuda a todos los bonistas, ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos” depositados por el Estado argentina en el Banco de Nueva York el 26 de junio pasado, medida dispuesta por el juez Thomas Griesa. Según el Poder Ejecutivo, este bloqueo es “violatorio tanto de la soberanía e inmunidades” de Argentina “como de los derechos de terceros”, en alusión a los bonistas que se ven impedidos de cobrar esos fondos.
Por eso, el proyecto autoriza al ministro de Economía a remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos de designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobros, incluso Estados Unidos.
Este martes, el oficialismo anunció que también incluirá a Francia como otra sede de pago, algo propuesto por el Frente Renovador.
Por otra parte, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía a “instrumentar el canje” de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.
En este sentido se crea una cuenta especial en Nación Fideicomisos para que el Gobierno deposite, en las fechas de vencimiento correspondientes, “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios” de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
Según el Poder Ejecutivo, esta cuenta especial se abre “en virtud de la buena fe de Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente conocida como pari passu”.
El proyecto de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo” actualiza y morigera las penas previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, con el objetivo de atender la cuestión de los precios, que incluye la inflación y ciertos abusos sobre los consumidores.
En este sentido, la propuesta habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico. Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; o a quienes acaparen mercadería, se nieguen a la venta de productos, afecten el normal abastecimiento de una mercadería, o no entreguen facturas.
El Ejecutivo también podría dictar normas que rijan los procesos de comercialización, intermediación, distribución o producción, y disponer la continuidad de estas etapas dentro de los niveles o cuotas mínimas que establezca.
Las multas podrían llegar a los 10 millones de pesos, y también se podría dictar la clausura por 90 días o la inhabilitación por dos años, aunque para ello la autoridad de aplicación deberá requerir previamente una autorización judicial, de acuerdo a un cambio que aceptó el Ejecutivo.
Durante el debate en comisión, el oficialismo también aceptó eliminar las clausuras definitivas y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva regulación, “siempre que no detecten posición dominante”.
Pero además, la autoridad de aplicación original -la Secretaría de Comercio- no figurará directamente en el texto legal, sino se ordenará al Poder Ejecutivo a que la designe.
Este proyecto implementa un “observatorio de precios” que se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.
El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.
La iniciativa crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación.
Si no se llega a un acuerdo, se podría accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo, primero, y la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.
En esos dos ámbitos, las audiencias serán públicas y orales, y el auditor o juez resolverá el caso en ese mismo momento. La decisión del auditor podrá apelarse en la instancia siguiente. En la Cámara de Apelaciones, todo el proceso no podrá durar más de 60 días.