Fuentes de la investigación por el intento de ingresar en un avión militar desde EEUU material bélico no registrado previamente para un programa de adiestramiento policial, confirmaron anoche que la posición de las autoridades aduaneras argentinas fue la de señalar que el hecho "no constituye un delito", razón por la cual no hizo la denuncia judicial.
Las fuentes señalaron que en la reunión con el juez subrogante Rafael Caputo, del juzgado 6, las autoridades de la Aduana "dieron explicaciones desde el punto de vista aduanero, donde señalaron que se trataba de una infracción administrativa, pero no de un delito".
"Fue una declaración inexacta, lo que constituye una violación al artículo 954 del Código Aduanero, pero no se intentó eludir el control de la Aduana. Como en el avión venían 9 personas, pretendían ingresarlo como equipaje personal, y esto es una infracción al artículo 977 del mismo código, y es competencia de un juez administrativo, porque no puede ingresarse como equipaje personal", agregaron las fuentes.
"La justicia administrativa puede ahora dictaminar el decomiso del material incautado, su destrucción y una multa a los responsables, porque se puede entender como una falta grave al Código Aduanero, pero no otras penas porque no constituye un delito", añadieron.
Además, la Justicia pidió ayer al canciller Héctor Timerman, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y a la Embajada de EEUU "toda la información que posean" sobre el avión militar de ese país que arribó el jueves pasado al aeropuerto internacional de Ezeiza con material sensible que no había sido declarado.
Según indicaron fuentes judiciales, el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada pidió además los detalles del convenio de cooperación de seguridad entre ambos países que habilitaron el curso que venia a brindar el personal americano al Grupo GEOF de la Policía Federal.
En tanto, el subdirector general y técnico aduanero de la DGA-AFIP Pedro Roveda declaró como testigo en la causa y dijo que en el hecho no se detectó ningún ilícito pero sí dos presuntas infracciones al Código Aduanero. Roveda dijo que las infracciones habrían sido "declaraciones inexactas y transgresiones al régimen de equipaje".
Los voceros indicaron que ayer se presentaron en los tribunales la titular de la Aduana, María Siomara Ayerán, el subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santana y Roveda, quienes se comprometieron a enviarle al juez el informe que les solicitó el lunes pasado.
Los tres funcionarios estuvieron reunidos con el juez, el fiscal de la causa, Roberto Leanza, y también con el magistrado que hoy se hará cargo del expediente, Daniel Caputo, indicaron las fuentes, y tras la reunión Berón de Astrada le pidió a Roveda que declare como testigo.
Según dijeron esos informantes, los funcionarios le explicaron a los investigadores judiciales que no enviaron al juzgado la información sobre lo ocurrido el jueves pasado en Ezeiza porque "consideraron que en el caso no hubo un ilícito". También en declaraciones televisivas, el juez Berón de Astrada aseguró que "no hay, por lo menos que la justicia tenga conocimiento, un ilícito o un delito comprobado".