El proyecto oficialista para que los jueces den examen cada cuatro años con el objetivo de revalidar su cargo fue duramente criticado ayer por sectores judiciales y de la oposición política, que lo consideran "inconstitucional" y un "arma de presión" para los magistrados.
En tanto, el autor de la iniciativa, el diputado kirchnerista Alejandro Rossi -hermano de Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista de la Cámara Baja- negó que su propuesta sea para condicionar al Poder Judicial y señaló que sólo persigue "una mirada rigurosa, que dé garantías de que quienes ejercen esa función están en perfectas condiciones".
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Ricardo Recondo, consideró que el proyecto es "inconstitucional" y dijo que con ello el Gobierno busca "atacar la independencia" de la Justicia y "tener jueces adictos".
"Esto es nada más la caja de Pandora que abrió la presidenta cuando hizo esa crítica masiva e innominada generando un manto de sospecha a todos los jueces diciendo que están tarifados o están alquilados o incluso metiéndose en la vida intima de una jueza", reiteró Recondo en referencia a los discursos mediante los cuales Cristina Fernández señaló, por ejemplo, que los jueces cobraban por excarcelar a detenidos.
En una dura crítica, Recondo se preguntó si Rossi, "además de comisario de la Gestapo es abogado, porque si es abogado él tendría que dar un examen porque ignora que la Constitución establece claramente que los jueces durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta".
El proyecto busca que los jueces den un examen de conocimientos cada cuatro años y en caso de no aprobarlo que sean evaluados sobre su continuidad en el cargo.
La iniciativa se conoce en el medio de la disputa entre la presidenta, que acusó a los jueces de "abuso de poder" y de "estar alquilados" por los fallos en contra que le impidieron utilizar reservas para pagar deuda pública, y el Poder Judicial, inclusive la Corte Suprema, que le pidió "equilibrio y mesura".
Además, la oposición busca reformar la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde el oficialismo tiene poder de veto para la selección y acusación de los jueces. Rossi sugirió la semana pasada investigar la vida privada de los jueces -a qué clubes van y los colegios a los que concurren sus hijos, por ejemplo- y luego pidió perdón si ofendió a alguien y explicó que su intención era establecer un perfil de magistrado.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también puso en duda la constitucionalidad del proyecto y dijo que si era compatible con la Carta Magna no vea "que sea malo el sistema".
"Lo que sí veo mal es la intención que está detrás de Alejandro Rossi, que es instaurar un sistema de delación y de obediencia, como diciendo: si no te portás bien, sino obedecés al Gobierno y no garantizás impunidad, en cuatro años te bajamos del examen", dijo Carrió en declaraciones radiales.
También recordó que la Constitución establece la inamovilidad de sus cargos de los jueces, salvo que cometan mal desempeño, para garantizar la independencia de sus decisiones.
El diputado radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra también criticó el proyecto y dijo que "puede ser un arma de constante presión para los magistrados respecto de su estabilidad".
Gil Lavedra expresó que ya "los jueces tienen la obligación de permanecerse en estado de formación permanente y una de la llaves es fortalecer más la escuela judicial dentro del Consejo de la Magistratura".
En defensa de la iniciativa, Rossi, negó que pretenda condicionar el accionar de la Justicia.