El Gobierno denunció ayer penalmente a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento y al jefe de los diputados nacionales del PRO, Federico Pinedo, acusándolos de cometer "estafa procesal" impulsando "un ardid" legal que demoró la tramitación de la apelación oficial en las causas por el uso de las reservas del Banco Central.
La grave denuncia, que trata a la jueza como una "partícipe necesaria" del presunto "engaño" judicial detrás del expediente, recayó en el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuán.
Marijuán se encontraba analizando la presentación con vistas a emitir un dictamen para determinar si avanzaba con la investigación, indicaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal -que quedó con un solo miembro en este caso-, devolvió ayer a la jueza Sarmiento los expedientes por el Fondo del Bicentenario y la remoción del funcionario, sin pronunciarse sobre las apelaciones del Gobierno, porque finalmente no quedó constituida.
Tras el fracaso de una posible "salida institucional" a través de una conciliación voluntaria, sólo el juez Néstor Buján quedó como único miembro de la sala de la Cámara, ya que se apartaron sus colegas Carlos Grecco y José López Castiñeira. Hoy, tras reunirse y enviar los expedientes a la jueza, el tribunal no convocó a jueces del fuero en lo Civil y Comercial para trabajar en el caso, con lo cual se desprende que se esperará a que en los próximos días lleguen las nuevas resoluciones de primera instancia y deban pronunciarse las juezas que se integrarán a la Cámara la semana próxima, Clara Do Pico y Marta Herrera.
Sarmiento, en tanto, remitió la apelación que formuló el Gobierno contra el amparo concedido a los dirigentes de la UCR contra los DNU 2010/09 y 18/10.
Es que en forma escalonada y en sintonía la oposición fue haciendo reclamos judiciales por separado que ahora demoran una resolución final.
En el marco de esa supuesta estrategia, a través del Procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino el Gobierno denunció ayer penalmente al primero de los demandantes, Federico Pinedo por "estafa procesal", e involucró a la jueza en esa supuesta maniobra.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que el "engaño procesal" consistió en reclamar que la medida cautelar presentada por la oposición contra el Fondo del Bicentenario "se ordinarizara", justo cuando el Gobierno esperaba que la Cámara revisara en forma inmediata los amparos otorgados por Sarmiento.
Según explicó Fernández, "el lunes se presenta el diputado Pinedo (ante Sarmiento) y ahí empieza el proceso del engaño porque presenta un escrito para que el tema se ordinarizara, lo que la jueza le concede". Y "el haber transformado en ordinario el procedimiento, le permite -porque el Código Procesal así lo dice-, recusar sin causa a uno de los camaristas", añadió.
"Entonces vemos un amparo, por un lado, que pretende frenar una medida como es la del Fondo, y luego se lo transforma en ordinario, algo absolutamente incompatible porque la ley no lo permite, para que pueda llevar el tiempo que sea necesario, de 5 a 15 años sin ningún inconveniente", alertó el funcionario.
Así quedaron apartados los dos camaristas que, se presuma, podrían haber votado en favor del Gobierno: Grecco -que recibió la apelación del Gobierno durante el fin de semana en un cuestionado proceso- eligió apartarse por "violencia moral", mientras que -por una recusación de Pinedo- se alejó de la causa el camarista López Castiñeira, hace poco nombrado en ese cargo.