La presunta venta ilegal de un terreno en Rivadavia, dentro del Barrio Foeva, y por el cual el Ejecutivo presentará una denuncia en la Justicia, despertó diferencias entre las autoridades municipales y provinciales. Para el municipio, el espacio en disputa pertenece a un privado y por eso el único mecanismo con el que contaron para sumarlo al patrimonio municipal fue declararlo de utilidad pública sujeto a expropiación, hecho que se produjo a través de una ordenanza. En el Ejecutivo se mostraron sorprendidos por esa maniobra, ya que entienden que ese lugar originalmente fue pensado como una plaza por lo que no se puede expropiar algo que estaba reservado en su origen para un fin público. Pese a las diferencias, el jefe comunal basualdista, Fabián Martín, indicó que esperará a la presentación judicial que hará el Ejecutivo y que la expropiación quedará supeditada a esa acción.

El terreno en cuestión y en el que la gestión uñaquista puso el ojo, es el denominado Fracción C, de unos 1.600 metros cuadrados, al lado de la nueva Comisaría Leiva (ver recuadro). La polémica surgió luego de que los vecinos de ese barrio les reclamaran a las autoridades municipales y provinciales que siempre tuvo destino público, pero con el tiempo fue vendido a un privado. Quien se presentó como dueño es Juan Carlos Lirio, que ya lo cerró y planea en ese lugar construir un inmueble. La misma situación ocurrió con otro espacio, Fracción A, de 3.261 metros cuadrados, a pocos metros de distancia. Este también cayó en manos de privados, Sergio Irimia Cadenas y Adrián y Gabriel Nacimof, con la diferencia que hasta el momento no fue cerrado, no está inscripta la compraventa, y el destino original era una escuela. Según los registros, las dos fracciones fueron entregadas en 2014 a Paola Oliver Balaguer, bajo la figura de dación de pago (una cancelación por una prestación de servicio), quien finalmente se los vendió a los terceros.

Desde Fiscalía de Estado indicaron que como ambos espacios debían ser donados al municipio para lo que se denomina equipamiento (escuela, comisarías o un centro de salud), no pueden ser vendidos a privados y por eso presentarán una denuncia para determinar si hubo una irregularidad en el trámite.

En la comuna de Rivadavia no concuerdan con lo manifestado por Fiscalía de Estado sobre la Fracción C. Según explicó Alejandro Ferrari, apoderado del municipio, en el expediente original de la mensura cuando se proyectó el barrio Foeva, "ese espacio nunca figuró como una superficie a donar. Sí aparece como espacio reservado, pero no dice nada que esté destinado al erario público". Por eso, el funcionario aseguró que "no hay posibilidad jurídica de discutir el derecho de un privado sobre ese inmueble".

Bajo ese concepto, Fabián Martín sostuvo que el único mecanismo que tenían para llegar al terreno, frenar los trabajos y responder al reclamo de los vecinos era declararlo de utilidad pública, sujeto a expropiación, "lo que fue aprobado por unanimidad por los concejales", indicó.

Sobre la denuncia que hará el Ejecutivo, Martín manifestó que "puede haber información que nosotros no tengamos y por eso vamos a esperar a lo que dice la denuncia que presentará la provincia y lo que decida la justicia". A partir de ahí, analizarán si continúan con el proceso de expropiación.

Terreno cuestionado

El polémico espacio denominado Fracción C cuenta con unos 1.600 metros cuadrados. Según manifestaron desde la municipalidad de Rivadavia, su presunto propietario, Juan Carlos Lirio, cuenta con todos los documentos en regla: nomenclatura catastral, los planos del proyecto que busca llevar adelante aprobados por Planeamiento y hasta los impuestos municipales y provinciales al día. Fuentes calificadas indicaron que Lirio dejó trascender que está dispuesto a que el Estado le expropie el terreno por 12 millones de pesos, pero al parecer, el valor real no superaría los 3 millones de pesos.

Respecto al espacio denominado Fracción A, según los registros oficiales, en una reunión nacional de Foeva en 2008, se ratificó la cesión al municipio y una parte restante, a un centro de jubilados. La tarea de donación fue encargada a Alberto Novaro, pero no hay constancias de que se haya efectuado.