Después de estar sumergida en un arduo debate de más de 13 horas, con duros cruces entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de medios, que promueve cambios profundos en el sector de los medios de comunicación en el país.

El oficialismo logró el respaldo de 146 legisladores -se necesitaba 129- para dar media sanción al proyecto y podría sumar más apoyos en el tratamiento en particular donde analiza incorporar nuevos cambios.

La sesión había empezado cerca de las 11.30 con un quórum de 130 diputados en el recinto -uno más de lo exigido por el reglamento del cuerpo- por el parte de 21 diputados de bloques aliados.

Con más de 200 modificaciones de fondo (como la prohibición a las telefónicas y las empresas de servicios públicos al negocio de la TV por cable) y otras de forma, la iniciativa consiguió el respaldo de bloques de centro izquierda (como el SI-Proyecto Sur y Encuentro Popular y Social) y hasta del socialista (que integra el opositor Acuerdo Cívico y Social).

Sin embargo, el grueso de la oposición conformada por los 31 legisladores del peronismo disidente, UCR, PRO y Coalición Cívica, se retiraron del recinto y no votaron el proyecto en forma de protesta por la manera "apresurada y grosera" con la que, a su criterio, el oficialismo logró en la noche del martes el dictámen positivo en comisiones.

Para conseguir el respaldo, el oficialismo también aceptó modificaciones sobre la Autoridad de Aplicación, encargada de supervisar el funcionamiento del sector, la cual será una entidad "autárquica" dependiente del Ejecutivo, según el proyecto.

Asimismo, accedió a ampliar el número de directores de la Autoridad de Aplicación para otorgarle más representación al sector parlamentario, aunque la oposición carga las tintas en que el Ejecutivo mantendrá un mayor peso en el organismo.

La nueva ley creará una comisión bicameral de control de la Autoridad de Aplicación, un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.

El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que ha causado el rechazo de empresas del sector.

También crea cupos de producción local e indica que las compañías con licencias pueden tener hasta un 30% de participación extranjera, salvo que se trate de una empresa de un país que haya firmado un tratado de "reciprocidad efectiva" con Argentina, lo que habilita una participación mayoritaria de capital de origen foráneo.

La oposición rechaza que las firmas privadas tengan un plazo de un año para desprenderse de licencias de radio o TV en caso de que deban adecuarse a la nueva normativa.

Fueron varios los oradores y entre las frases en contra se escuchó: "No puede legislarse en contra de ese derecho básico" (Silvana Giudici, UCR); "Esto genera un escenario bélico, cuando en realidad necesitamos un tratado de paz" (Luis Lusquiños, Frejuli

).

Por el contrario, entre las voces a favor se escuchó: "Si existen monopolios y hay concentración es resultado del bajo control que han tenido los gobiernos de los cuales ellos mismo (la oposición) han sido parte.