Por pedido del fiscal federal Francisco Maldonado, la Unidad de Información Financiera, un organismo del Ministerio de Justicia de la Nación, dispuso congelar los bienes y el dinero de las cuentas bancarias del excomisario Juan Carlos Turón, sospechado de haber detenido y sometido a torturas a dirigentes políticos y estudiantiles de la provincia antes y durante la última dictadura. La medida es para obligar al exuniformado a que se presente porque está prófugo y con pedido de captura expedido por la Justicia Federal.
La medida, que fue tomada mediante la resolución Nro. 410/14, del miércoles 24, pero que recién trascendió ayer, afecta también a la esposa de Turón, Nora Lidia Olivares, y a los hijos Cecilia Fernanda Turón Olivares y Carlos Daniel Turón Olivares. Fuentes del entorno familiar no quisieron hablar sobre el tema. No es la primera vez que se toma una medida de este tipo (ver aparte).
Según un informe elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el expolicía tiene cuentas bancarias en dólares, inmuebles y automotores e incluso tiene autorización para manejar los fondos de Epsilon SRL, una empresa de seguridad de su propiedad. Con esos recursos, el prófugo de puede mantener en la clandestinidad y por eso la medida apunta a cerrarle las fuentes que los generan. Sobre el tema, el dirigente Eloy Camus incluso se quejó porque ya antes del pedido de captura había trascendido que lo buscaban, lo que le habría dado tiempo a escaparse, Incluso, a través de sus abogados, pidió la eximición de prisión, pero el juez federal Leopoldo Rago Gallo se la rechazó y por eso después apeló.
El pedido del fiscal Maldonado fue realizado en el marco de la reglamentación que permite el congelamiento administrativo de bienes y activos vinculados a operaciones delictivas, en este caso a delitos de lesa humanidad. Se trata de una medida que opera para proteger el orden económico y financiero y se aplica en el marco de la Ley de Anti-Lavado de Dinero.
Turón está acusado en la llamada causa de los expolicías, imputado de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada (4 hechos), tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima (4 hechos), y como integrante de una asociación ilícita. Entre sus víctimas se encuentran Marcelo Raúl Nívoli, Isabel Mac Donald, Jorge Antonio Capella y Eloisa Beatriz Paris.
El excomisario, de 60 años, que también es abogado, es una figura que alcanzó un alto grado de atención en diciembre del año pasado, cuando fue mediador entre el Gobierno y los policías que reclamaban una mejora salarial, que terminaron obteniendo. Además, durante el Gobierno de la Alianza, llegó a ser Director de Operaciones de la Policía de San Juan y al retirarse incursionó en el tema de la seguridad privada, con una agencia de su propiedad.
En la causa que lo involucra hay 86 sospechados, pero sólo entre 45 y 50 serán finalmente detenidos en forma paulatina, porque entre el resto hay varios fallecidos y otros que, por razones de enfermedad, no están en condiciones de ir a una prisión.
De los detenidos, que suman 23 hasta la fecha, están acusados de integrar la llamada +comunidad informativa+, un espacio en el que los miembros de las secciones de inteligencia de distintas fuerzas, entren ellas la Policía, intercambiaban información sobre militantes políticos, gremiales y estudiantiles que luego se convertían en +blancos+ para ser secuestrados y torturados. Los hechos habrían ocurrido no sólo durante la dictadura, sino también en los meses previos al golpe del 24 de marzo.
Para la investigación fue clave el hallazgo del archivo de la Policía, en diciembre de 2011. Contenía información correspondiente al período que va desde mediados de 1950 hasta el 2000. Incluso había legajos con los nombres de las víctimas y detalles de las fuerzas de seguridad que participaron en su detención.
Esa documentación reveló que la Policía realizó las tareas de inteligencia previa de los detenidos y en diversos casos también participó en los allanamientos.