Medidas. La fiscal Claudia Salica y personal del juzgado y de la Policía allanaron las oficinas de la constructora Menin y secuestraron documentación y computadoras. La causa se disparó en diciembre de 2017.

La causa por los dobles pagos de certificados que se realizaron desde Vialidad provincial por la ruta 149 en 2014 por casi 1,5 millones de pesos dejó como saldo a dos procesados. El titular del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, consideró que hay pruebas suficientes para achacarles el delito de estafa en perjuicio de la administración pública al representante técnico de la empresa Menin Construcciones, Pablo Leonardo Vizcaíno, y al exempleado de la repartición estatal, Francisco Gómez, hoy jubilado, quien tuvo a cargo la generación de los expedientes para que se produjeran los cobros por parte de la compañía. En su resolución, el magistrado les dictó el procesamiento sin prisión preventiva y les trabó un embargo de 400 mil pesos a cada uno. El dueño de la firma, Oscar Menin, había estado imputado, pero como falleció a fines del año pasado, se determinó la extinción de la acción penal en su contra.

La causa tuvo una fuerte participación de la fiscal Claudia Salica y su equipo, quien solicitó pericias, allanamientos, testimoniales e indagatorias. En un principio, imputó a los extitulares de Vialidad Edgardo Guerci y Juan Carlos Eder, pero con el avance de la investigación pidió sus respectivos sobreseimientos porque no surgieron pruebas que demostraran que tuvieran alguna responsabilidad. El juez no ha resuelto la situación procesal de ambos, pero es un hecho que van camino a quedar desligados, indicaron las fuentes. La fiscal también solicitó que sean desvinculadas dos mujeres, pero por otros motivos (Ver claves).

La resolución de Correa trascendió a fines de la semana pasada y, según las fuentes, ya fue apelada. De acuerdo al fallo, entre Gomez, Vizcaíno y Menin hubo un acuerdo para defraudar al Estado en la obra de mejoramiento y repavimentación en la Ruta 149 en Calingasta. Es que generaron certificados apócrifos que derivaron en dobles pagos por trabajos ya realizados, por un total de 1.444.773,26 pesos. Es más, los imputados se habrían valido de varios elementos para generar los documentos cuestionados, como que estos nunca se presentaron en la entidad nacional para su control y cobro (según lo establecía el convenio), cosa que sí había ocurrido con otros expedientes similares.

Además, la maniobra la llevaron adelante durante enero de 2014, conociendo que el control por parte las autoridades de Vialidad Provincial disminuía en el periodo de vacaciones del personal. Por otro lado, los documentos que generaron los dobles pagos no tenían la firma autorizada del supervisor de Vialidad Nacional y tampoco pasaron por el auditor técnico de la delegación fiscal, que si bien su participación no es vinculante, podría haber detectado que era poco común que se presentara un certificado de obra a cobrar en enero, cuando los trabajos se habían realizado en junio del año anterior, según la resolución.

Gómez era el exjefe del Departamento Construcción de la Dirección de Vialidad provincial y tenía a cargo la tramitación de todos los certificados que ingresaban para su cobro. Según se estableció en la investigación, una vez que los documentos llegaron a su poder, les dio un tratamiento expeditivo sabiendo que ya habían sido pagados. Por esa razón, el juez lo procesó por estafa, agravada por ser empleado público. En el caso de la empresa Menin, el magistrado entendió que no podían desconocer que habían ingresado a su cuenta bancaria casi 1,5 millones de pesos de más, por tareas que ya había realizado en la Ruta 149. Y en la cadena de responsabilidades quedó Vizcaíno, el representante técnico de la constructora.

>> CLAVES

 

Denuncia

La presentación la hizo el 30 de noviembre de 2017 el actual director de Vialidad, Juan Manuel Magariños, aunque no se individualizaron sospechosos. La fiscal imputó a cinco personas.

Otras imputadas

La fiscal había imputado a Claudia Caparros y a Eliana Alonso, que estaban en áreas de control. La primera era la asesora jurídica de Vialidad y la segunda pertenecía a la Delegación Fiscal.

Prescripción

Salica consideró que se les debe dictar a Caparrós y a Alonso el sobreseimiento por prescripción. No fueron indagadas por el juez, lo que hubiera interrumpido la extinción por el paso del tiempo.

Descargo

En su momento, desde la empresa Menin habían señalado que si recibieron dobles depósitos, se tenían que devolver. Argumentaron que todo fue un error de Vialidad y que no hubo delito.

Otro doble pago

La denuncia que había hecho el Gobierno incluía tres certificados que habían sido pagados dos veces. Pero desde la empresa informaron a la Justicia que detectaron un cuarto doble pago.

PASOS

  • El procesamiento que resolvió el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, no está firme, ya que fue apelado por los abogados defensores de los imputados, dijeron fuentes judiciales. El fallo ahora será revisado por la Cámara de Apelaciones, cuyos magistrados deben decidir si confirman o rechazan la resolución.