Anoche, el Consejo de la Magistratura definió las 12 ternas para jueces, fiscales y defensores oficiales que actuarán en el procedimiento de flagrancia. En total, fueron 36 los seleccionados en esta etapa del proceso. El órgano ahora debe enviarlas a la Cámara de Diputados, en donde por simple mayoría se decidirá a los futuros funcionarios judiciales.
Para poner en práctica el sistema, habrá cuatro magistrados, cuatro agentes fiscales e igual cantidad de defensores oficiales. Según fuentes calificadas, para los puestos de jueces, la primera terna está conformada por Ricardo Moine, Celia Maldonado y Alberto Caballero. La segunda, por Eduardo Raed, Mabel Moya y Faustino Gélvez. La tercera, por Bernardita Beatrice de Iranzo, Mario Panetta Soppelsa y Ricardo Grossi Graffigna. En cuanto a la última, los postulantes son Carlos Lima, Fabricio Poblete y Patricia Katuchin.
Por el lado de los aspirantes a fiscales, el primer trío está integrado por Adrián Riveros, Daniela Pringles Pinazo y Mario Quiroga. El segundo está compuesto por Virginia Branca, Francisco Nicolía y Atilio Yanardi. El tercero, por Ignacio Achem, Sonia Mallea y Luis Pelayes. Y el último, por Gabriel Meglioli, Iván Grassi Castro y Vilma Balmaceda.
En cuanto a los seleccionados para ser defensores, la primera terna está integrada por Lisandro Zapata, Claudia Guardia y Luis Sala Sarmiento. La segunda, por Alejandro Martín García, Gema Guerrero y Roberto Olivera. La tercera, por Daniel Montiel, Alberto Martínez y María Ximena Rodríguez Schmadke. Y la última, por Juan Facundo Gil Nale, Elva Mani y Silvia Pabón.
De los nombres se desprende que entre los postulantes hay funcionarios que vienen trabajando en el Poder Judicial, abogados litigantes y hasta políticos. El Consejo de la Magistratura se reunió desde las 19.30 y llegó a la definición a eso de las 22. Los miembros del organismo que participaron de la selección fueron el cortista Adolfo Caballero, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi; la diputada Marcela Monti y los abogados Marcelo Navas y Fabiana Nicosia, quien reemplazó al miembro original Oscar Cuadros.
El juez de Jáchal, Pablo Oritja, había pedido el traslado para un juzgado de flagrancia, pero luego desistió (Ver recuadro).
Oritja se bajó de la disputa por el cargo de juez

Pese a que le había pedido al Consejo de la Magistratura su traslado a uno de los puestos de magistrado del sistema de flagrancia, el juez de Jáchal, Pablo Oritja, desistió de esa intención. Según le explicó a este medio, la declinación se debió a que quiere evitar que se genere un “caos” en el juzgado que conduce, ya que si se producía su partida, se iba a sumar al alejamiento del secretario y el prosecretario Civil, más el del prosecretario penal. Es que estos funcionarios se vienen desempeñando de manera interina y la Corte de Justicia decidió que regresaran a la ciudad, por lo que lanzará un concurso para cubrir esos puestos con postulantes que vivan en el departamento norteño.
Oritja explicó que “llevó tiempo armar el equipo y poner en orden el juzgado, por eso he privilegiado la administración de Justicia por sobre un deseo personal. Además, cuando lleguen los nuevos funcionarios judiciales, tienen que ponerse al día y conocer el manejo del andamiaje judicial”.
Por otro lado, señaló que una vez que se realicen los cambios y el personal esté aceitado en el funcionamiento del juzgado, pedirá el traslado a alguna vacante que se genere en la ciudad de San Juan para estar cerca de su familia. Como el juzgado jachallero es multifuero, indicó que puede desempeñarse en materia civil, penal o laboral.
El juzgado que conduce Ortija también lleva adelante causas de Iglesia, por lo que es clave en los incidentes mineros en Veladero. En el último, que se produjo en marzo, dispuso el freno de las actividades hasta que esté garantizada la seguridad de las operaciones. No es el único caso que su resolución está abierta, ya que el incidente que se generó en septiembre de 2016 todavía no está resuelto.