En busca de que el trámite de expropiación de un terreno sea más ágil, no insuma un tiempo considerable que pueda llegar a demorar obras que estén previstas y para reducir la litigiosidad, la Cámara de Diputados le aplicará cambios a la ley que regula el mecanismo. La iniciativa surgió del Ejecutivo, ya tuvo despacho de tres comisiones y la misma será tratada y aprobada mañana.

Los principales cambios a los que apunta la iniciativa son dos. El primero es darle un mayor margen de negociación a la repartición que pretende hacerse de un predio de un particular, sea provincial o municipal. ¿Cómo? Aumentando el valor que puede ofrecer del terreno hasta un diez por ciento más de lo que fija el Tribunal de Tasaciones. De esa manea, la propuesta será más atractiva para que sea aceptada por el particular y no tenga que ir a juicio. Si eso ocurre, la medida ayudará a reducir los expedientes que terminan demorando hasta dos años en el fuero Contencioso Administrativo, reduciéndolo a un trámite de apenas dos meses.

Por otro lado, según indicaron fuentes judiciales, el cambio es clave, ya que hay organismos o municipios que no se corren ni un peso de las cifras que indica el Tribunal de Tasaciones para no ir en contra, justamente, del organismo oficial de valuación. Con la modificación, ahora tendrán un aval para generar propuestas más tentadoras dentro de un margen legal.

El segundo de los cambios apunta al proceso de expropiación denominado como urgente. El objetivo es que el Estado o la entidad correspondiente tome la posición del terreno de manera inmediata, ya que tiene una "urgencia" de encarar los trabajos o satisfacer la necesidad pública, ya sea porque tiene los fondos para hacerlo o porque logró una financiación externa para ejecutar las obras.

Uno de los procesos de expropiación es el llamado común, el cual prevé actualmente que, conjuntamente con la demanda, se deposite el monto de indemnización fijado por el Tribunal de Tasaciones, la Justicia dictamine que el Estado puede tomar posesión del terreno y luego se notifica a las partes. En ese instante, el particular queda habilitado para retirar el dinero, siempre y cuando acepte que el valor ofrecido es el que corresponde a sus intereses. Si es así, el proceso judicial finaliza ahí.

Pero en el otro caso de expropiación, el urgente, no se había establecido el mecanismo, lo que conllevaba, según los argumentos del proyecto, a un "inconveniente", ya que no se permitía la posesión inmediata del predio, sino luego de iniciado el juicio. Ahora, la iniciativa establece que la modalidad será la misma para los dos procesos, lo que permitirá un sistema más rápido.

Las fuentes consultadas indicaron que hoy el procedimiento más corto para tomar la posesión de un terreno es de apenas dos a tres semanas, mientras que el más extenso demora de tres a cuatro meses. Esos retrasos afectan a la hora de ejecutar obras importantes, como el ensanche de la avenida Central (Ver recuadro). El diputado Mario Tello, quien fundamentará el proyecto enviado por el Ejecutivo, explicó que esos meses son centrales para lo que será el costo de una obra, ya que si hay retrasos en la toma de posesión, los trabajos se van encareciendo producto de la inflación y terminan costando más del valor adjudicado.

Si bien la jueza Adriana Tettamanti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, sostuvo que no puede opinar de la futura norma, manifestó que "toda modificación que tenga por objeto acelerar los plazos y facilitar la actuación en juicio es una medida positiva, siempre que se garantice el derecho de defensa".

 

Movida inédita en los últimos 15 años


En la obra de ensanche de la avenida Central, la gestión uñaquista expropió fracciones de 29 lotes, partes de casas y edificaciones. Para ello, invirtió casi 22 millones de pesos. En el Tribunal de Tasaciones, el organismo encargado de poner el valor de cada operación, no recuerdan una tarea similar en la zona urbana en los últimos 15 años, tomando en cuenta el monto y la cantidad de terrenos afectados, de acuerdo a un informe que publicó este medio en febrero. Los predios afectados van desde la calle Nuche, en Capital, hasta Villicum, en Rivadavia. El titular del organismo, Omar Blanco, había dicho que se han expropiado en los últimos tiempos algunos terrenos en la parte urbana para la apertura de algunas calles, pero no han sido trámites de envergadura. Por eso, la movida en la avenida Ignacio de la Roza es la más importante.


Multas
 

El proyecto que mañana será aprobado por los legisladores prevé una multa impuesta por el juez de entre 1.000 a 100.000 pesos. Es para "toda persona que se resista a la ejecución de los estudios u operaciones técnicas dispuestas por el Estado" necesarios para que el Tribunal de Tasaciones determine el valor de los terrenos en vista de ser expropiados.

 

Expropiaciones

100 Es la cantidad de procesos de expropiaciones que se tramitan por año en el Juzgado Contencioso Administrativo. La cifra refleja, en gran parte, el impulso de la obra pública.