El canciller, Héctor Timerman, anunció ayer que evalúan "acciones judiciales" contra las autoridades que habilitaron la construcción de una represa en Corrientes, considerada "dañina" para el medio ambiente y "violatoria" del Tratado del Río Uruguay.
El canciller se refirió a la Represa Ayuí Grande, que proyectan construir la empresa Adeco Agro (del financista estadounidense George Soros) y la firma Copra (de José Aranda). Este último es vicepresidente del Grupo Clarín, que mantiene frecuentes enfrentamientos con el Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.
Copra y Adeco Agro integran la Unión Transitoria de Empresas Represa Ayuí Grande, que planea construir la represa sobre el arroyo del mismo nombre, para multiplicar la producción arrocera de Aranda y Soros. Diversos medios coincidían ayer en que esta es la primera vez que en Argentina se represa un recurso hídrico, en una obra de envergadura semejante, para su explotación y uso absolutamente privado.
La idea del consorcio productivo es empezar en las próximas semanas a construir en el municipio de Mercedes (Corrientes) un lago artificial de 8.000 hectáreas (equivalente a la mitad de Capital Federal), para proveer agua que permita el riego de unas 20.000 hectáreas de cultivos de arroz que se instalarían en esa zona.
En conferencia de prensa, el canciller argentino no ocultó ayer su preocupación ante la posibilidad de que esta represa "altere el curso (del Ayuí Grande), uno de los afluentes del río Uruguay". Precisamente, la polémica por esta represa aparece cuando Argentina y Uruguay buscan limar asperezas por los peligros de contaminación que puede provocarle al río Uruguay la papelera ubicada de lado uruguayo. A su vez, esta nueva preocupación por los recursos naturales aparece mientras se discute por estos días en el Congreso sobre la protección de áreas glaciares ante el desarrollo de la actividad minera en la zona.
"Estamos evaluando presentaciones judiciales nacionales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento", dijo el canciller en una conferencia de prensa que tuvo lugar ayer mediodía en el Palacio San Martín.
"Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para defender el Tratado (del Río Uruguay) y consideramos que la defensa que hicimos del Medio Ambiente tiene que ser un ejemplo no solamente de lo que le exigimos a Uruguay sino de lo que estamos dispuestos a hacer nosotros", señaló el canciller en alusión al conflicto por la papelera uruguaya.
Para defender el ecosistema y la forestación de la zona, es que canciller decidió actuar "de oficio" y hacer ayer la denuncia pública "porque se está a pocas semanas del comienzo de la obra". Timerman dijo que "Argentina va a actuar con todo el rigor que requiere el Tratado del Río Uruguay", y agregó que no se esperó la llegada de "ninguna denuncia de parte de Uruguay", sino que es Argentina la que "está brindando toda la información a Uruguay".
Agregó que el representante argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) envió una carta a ese organismo bilateral en la que se puso de manifiesto el compromiso del país de cooperar.
Así, mencionó que llamó al canciller de Uruguay, Luis Almagro, para informarlo del "potencial efecto" que tendría la construcción de la represa, y adelantó que lo visitará próximamente para interiorizarlo del tema. Cuando se le preguntó si las presentaciones podrían ser contra el gobierno de Corrientes, Timerman asintió y sostuvo que se harán "contra todas las autoridades que han autorizado la obra".