9 de febrero.- "El fenómeno de la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya Embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de 100 despachos confidenciales, a lo largo de varios años, alertando sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen", dice en una nota de hoy el cronista del diario el País, de Madrid, que pertenece al grupo Prisa, uno de los que se verían más afectados cuando entre en plena vigencia la nueva Ley de Medios Audiovisuales.
Hace poco tiempo, el diario de Madrid publicó una nota, reproducida hasta el hartazgo por medios argenitnos, que se titulaba “Maradona como metáfora argentina”, y decía en su bajada: “¿Hay alguna relación entre el futbolista y el peronismo? Sí, cuando se eligen entrenadores, presidentes o sistemas de características populistas, autoritarias y con pocos pies sobre la tierra, el resultado es el fracaso”.
La poca sutileza editorial del medio, o del Grupo de Medios al que pertenece, llevó a comparar un cacerolazo en 2008, por la resolución 125 de retenciones a la exportación agrícola, con “un sonido que no se escuchaba tan fuerte desde la catástrofe institucional de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa tuvo que huir en helicóptero”.
El grupo Prisa es dueño también de Radio continental, en Argentina, que en uno de sus slogans reza: “La radio que escucha el campo argentino”, y que fustigó duramente el decreto presidencial a través de la voz de sus principales comunicadores, como Magdalena Ruiz Guiñazú.
Los cables filtrados por Wikileaks son ahora otro tema con que El País renueva su enfrentamiento con el gobierno nacional.
"Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política, según denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de Estados Unidos, poco antes de su viaje a Buenos Aires", sigue el informe del periódico, embarcado en una batalla, más allá del Atlántico y desde hace tiempo, contra el gobierno de Cristina Fernández.
Dentro de las naciones que, según El Pais y Wikileaks, encabezan el ránking de la "corrupción y la impunidad en Latinoamérica", están Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Argentina, países cuyos gobiernos entraron en conflicto, especialmente, con empresas de medios, transporte y energía españolas.
Según el diario madrileño, los cables revelan que la embajada había seguido con atención las investigaciones del fiscal Garrido sobre el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del Gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", dice el cable que supuestamente salió de la delegación diplomática.
El relato del cronista ibérico destaca que la oficina anticorrupción se ocupó de investigar los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, "pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner".
Los cables dejarían ver que hasta el ex ombudsman, y luego candidato a senador opositor en Córdoba, Osvaldo Mondino, pasó por la embajada norteamericana a dar explicaciones.
Siempre según se desprende de lo que El País dice que dicen los cables filtrados, el ex funcionario le reveló al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el Gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país".
El artículo asegura que el ex embajador Wayne prometió ayudar "con cautela" debido a lo espinoso del tema. Mondino debería aclarar de que manera un diplomático extranjero podría inmiscuirse en asuntos que son propios de la soberanía de los poderes del país que lo aloja.
El artículo sigue poniendo bajo sospecha a todo el funcionariado nacional, sin dar un sólo nombre. "Un empresario y un banquero dijeron…", o "dos abogados consultados por la embajada…", son la cita de autoridad sobre las que reposa la veracidad con la que dota el periodista del diario conservador español a los cables de Wikileaks.