Los acusados por delitos de lesa humanidad sometidos a juicio oral durante 2011 suman 197, la mayor cantidad desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, con 84 represores condenados, 8 absueltos y 104 que continúan en el banquillo. Además se avanzó en la investigación sobre la complicidad civil con la dictadura y tres hijos de desaparecidos pudieron recuperar su identidad.

Entre los hechos más significativos se destacan la condena al marino Alfredo Astiz, la sentencia a cárcel común al ex dictador Jorge Rafael Videla y el fallecimiento del símbolo de la represión en Tucumán, Antonio Domingo Bussi, el mismo día en que se debía iniciar un proceso en su contra.

Según el informe difundido por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, la cifra muestra una tendencia en aumento desde la creación del organismo, en 2007, y se visualiza como “una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país”.

Fueron 21 juicios
El relevamiento detalla que en el transcurso de 2011 concluyeron 21 juicios, en los que se condenó a 84 personas, y que entre 2007 y 2011 se registra “un total de 799 personas procesadas, de las cuales más del 60% ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio”.

Sin embargo, en el informe de la Unidad a cargo del fiscal Jorge Auat y que coordina Pablo Parenti, se advierten “demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de los tribunales orales”, y que la etapa de instrucción que se observaba como principal problema a sortear “comienza a superarse en casi todo el país”. . En tanto, considera un “avance significativo” la realización durante el año de los primeros juicios en jurisdicciones como Bahía Blanca y Mar del Plata, aunque instó a “los responsables de los procesos” a que “redoblen sus esfuerzos y creatividad para resolver muchos de los problemas pendientes”.

El informe calificó de “preocupantes” las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales y consignó que durante 2011 el máximo tribunal penal “revisó 6 sentencias en relación con 13 imputados”.

593 detenidos
En cuanto a las condenas firmes, el organismo señala su preocupación porque “de los 266 condenados que existen hasta el momento, sólo 43 de ellos registran condenas firmes”. Sobre la situación de los detenidos, el informe resalta que a lo largo del año “no se han registrado casos de personas detenidas en unidades militares”, como ocurría cuando fueron reabiertas las causas de lesa humanidad.

“De las 593 personas detenidas, el 50,5% se encuentra en unidades penitenciarias; el 39,9% en detención domiciliaria; 3,8% en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales); y 0,2% en hospitales”, detallan en el informe que junto con otros contenidos puede visitarse en el sitio www.mpf.gov.ar.

Sobre las causas por la apropiación de niños durante la dictadura, la Unidad dispuso de un grupo especial de trabajo que identificó inconvenientes y que motivaron la elaboración de un protocolo general de actuación fiscal para lograr mayor eficiencia con la asistencia durante la preparación del procedimiento. También la Unidad trabajó en el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado y elaboró un documento con consideraciones sobre el juzgamiento, concluyendo que “no resulta correcto subsumir los abusos sexuales solamente en la figura de ‘tormentos’, como se ha realizado en algunos pronunciamientos judiciales”.

“Los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad y así se los debe considerar más allá de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan ocurrido”, añadió.