Trámites. Las personas que inician un reclamo por un accidente laboral concurren a la Comisión Médica, donde se determina el grado de incapacidad.

El reclamo de la Unión Industrial de San Juan y de las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo, parece haber sido escuchado. Si bien desde el Ejecutivo aseguran que vienen trabajando en el tema, fue el basualdismo, a través de la diputada Susana Laciar, el espacio que presentó un proyecto para que la provincia adhiera a la ley nacional de Riesgos del Trabajo, normativa que ha demostrado bajar el grado de litigiosidad laboral en los distritos donde está implementada. De ser sancionada, las autoridades estiman que puede ser aprobada este año y reglamentada el que viene, el beneficio sería clave, no sólo porque permitiría bajar las alícuotas que pagan las empresas locales a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), disminuyendo los costos y haciéndolas más competitivas, sino que además reduciría la cantidad de demandas judiciales, descomprimiendo los juzgados laborales que se encuentran abarrotados.

La iniciativa también responde a un pedido del presidente Macri que viene señalando la necesidad de que las provincias se acoplen a la medida nacional para poder "combatir la mafia de los juicios laborales", situación que, según el mandatario, afecta a la industria nacional y a las Pymes por el enorme gasto que tienen que afrontar para tener una aseguradora y por las altas alícuotas que pagan por las mismas.

Alícuotas  7  ese es el porcentaje promedio, de la masa salarial, que las empresas locales pagan a las ART. Desde la UIA creen que si baja la litigiosidad, la cifra puede caer al 2 o 3 por ciento. 

El proyecto, presentado el martes por la presidente del bloque Compromiso por San Juan, consta de cinco artículos y básicamente pide la adhesión, pero además establece que el Ejecutivo provincial lleve a cabo la firma de convenios con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, establece que se asegure el buen funcionamiento de la Comisión Médica local, órgano encargado de evaluar las lesiones de los trabajadores y que en julio sufrió una intervención por la presunta connivencia entre médicos y abogados para obtener "resultados" y elevar los porcentajes de discapacidad, situación que derivó en una denuncia de la SRT ante la Justicia Federal.

Según la diputada Laciar, un punto clave para reglamentar la normativa será que la Comisión Médica tenga más presencia en San Juan, sumando una nueva oficina, posiblemente en Jáchal.

Incremento  128  por ciento, fue la suba que tuvo los juicios laborales en San Juan en los últimos 6 años, desde 2010 a 2016, según el Registro Nacional de Litigiosidad.

De ser sancionada, la ley implica un cambio a la hora de iniciar un reclamo por un accidente laboral. Cada persona que sufre un siniestro en su trabajo deberá ir obligatoriamente hasta la Comisión Médica para ser evaluado y de aceptar la resolución dictada por ese organismo, no tendrá la posibilidad de hacer un reclamo judicial, algo que actualmente si está permitido. Además, establece que "los honorarios que correspondan por patrocinio letrado y demás gastos en que incurra el trabajador, estarán a cargo de la ART y no por el empleado", como ocurre ahora. De esa manera, quien reclama se ve beneficiado porque no debe destinar parte de su indemnización para pagarle a un abogado.

Desde la Justicia manifestaron estar de acuerdo con la iniciativa, pero con reparos, mientras que desde la UIA la celebraron, al entender que es alentador que tanto la oposición como el oficialismo tengan en la mira el tema (Ver Opiniones).

Protagonistas

HUGO GORANSKY   Presidente de la UIA

"En provincias como Córdoba y CABA ha quedado demostrado que la medida ayuda a bajar la litigiosidad, lo que impacta directamente en la alícuota que destinan las empresa a la ART. Este es un reclamo porque nos haría más competitivos".


 

MARIANO IBAÑEZ   Titular Primer Juzgado Laboral

"La medida sería buena siempre y cuando la Comisión Médica tenga todos los recursos para resolver en tiempo y forma los reclamos. En mi juzgado, estimativamente, el 30 por ciento de las resoluciones emitidas son por juicios contra las ART".