El fiscal de Estado, Jorge Alvo, está arremetiendo con fuerza contra el juez de Jáchal, Javier Alonso, ya que aseguró ayer que le pedirá al Jurado de Enjuiciamiento que lo suspenda de su cargo mientras dura el proceso de destitución. El responsable del organismo que defiende el patrimonio de la provincia explicó que el magistrado incurrió en fallas de organización y de dirección, lo que llevó a que el tribunal que conduce sea un "caos". Por eso, destacó que "no puede seguir al frente". La Corte de Justicia había denunciado al titular del juzgado jachallero, sede de la Segunda Circunscripción Judicial, por el escaso avance en la resolución, en un plazo de seis meses, en 525 expedientes, entre las que están incluidas causas con personas detenidas y hechos de violencia de género e intrafamiliar.

Alvo solicitará el apartamiento temporal cuando presente la acusación contra Alonso, por lo que tiene tiempo hasta el 21 de este mes, pero dijo que lo hará antes. Así, el planteo será resuelto por el Jurado. Un punto clave fue que el fiscal de Estado le había confirmado a este medio que acusará al magistrado, por lo que, con su decisión, se abrirá el juicio de remoción, tal cual se estableció en la reforma de 2012 de la ley del Jury. Antes, el único acusador era el fiscal General de la Corte. Al ser consultado, el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Quattropani, manifestó que está analizando la denuncia del máximo tribunal y la auditoría que sirvió de base para decidir si avanza o no contra Alonso. Si define ir contra el juez, indicó que también estudiará si lo hace en conjunto con Alvo o de forma separada.

La Corte en pleno había denunciado a Alonso por "morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta". La embestida obedeció a que se detectaron el año pasado 525 expedientes paralizados. Entre ellos, hay causas civiles y laborales (el Juzgado de Jáchal es multifuero) con "términos vencidos para su resolución". Además, en "los procesos sobre integridad sexual, sin detenidos, se evidencia una inacción injustificada de entre 9 y 12 meses en promedio, en su mayoría, sin indagatoria" con respecto a los sospechosos, indicó la auditoría. También hubo casos penales en los que no se produjeron avances, al punto de que hay más de 20 detenidos a los que no se les regularizó su situación procesal, había indicado el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur.

El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el cortista Guillermo De Sanctis, admitió la denuncia y envió copias del expediente al fiscal de Estado y al fiscal General. Fue Alvo quien había adelantado que acusará a Alonso debido a que "las causas con detenidos tienen prioridad en su tramitación y deben resolverse sin dilaciones injustificadas. Esa falta constituye un factor de atribución de responsabilidad del Estado directa y objetiva, que puede llegar a causar un perjuicio patrimonial". También había señalado que hubo expedientes por violencia de género e intrafamiliares que "no tuvieron ningún tipo de resolución. La ley de violencia familiar y los tratados internacionales indican que el juez debe abocarse de manera inmediata para darle protección a la víctima, contención psicológica y física".

Ahora, el fiscal de Estado resaltó que "el estado de desorganización" del juzgado revela una "falta de capacidad, de responsabilidad funcional y de dirección". Así, agregó que "la responsabilidad funcional, que es indelegable, no la ejerció en ningún momento", mientras que la jurisdiccional "la hizo a medias y fue bastante insuficiente".

Acusador especial

El fiscal de Estado, Jorge Alvo (foto), decidió intervenir como acusador especial y actuar contra el juez Javier Alonso debido a que su inacción en diversas causas le puede ocasionar un perjuicio patrimonial al Estado. Además, pedirá su suspensión por el caos del juzgado jachallero.

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La Corte de Justicia denunció al juez de Jáchal por "morosidad injustificada, incumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta". El Jurado de Enjuiciamiento admitió la denuncia y se dispararon los procedimientos del proceso de remoción.

Acusadores

El Jurado envió copias al fiscal de Estado, Jorge Alvo, y al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani. El primero dijo que acusará al juez jachallero y que pedirá su suspensión. El segundo indicó que está evaluando si va o no contra el magistrado.

Defensa y juicio

Tras la acusación, el juez tiene 15 días hábiles para efectuar su defensa por escrito y ofrecer prueba. Alonso dijo que actuará con el defensor Oficial Lisandro Zapata. Luego de todos esos pasos, el Jurado fijará la fecha del juicio oral y público.