La causa por un supuesto abuso sexual parece encaminada a poner en el centro de la tormenta a quien hizo la pesquisa. El fiscal Roberto Mallea le pidió al juez Benito Ortiz que abra la investigación para establecer si en el Tercer Juzgado de Instrucción, que conduce Guillermo Adárvez, se falsificó o incorporó de manera ilegal la firma de la joven que denunció la violación. Si bien el representante del Ministerio Público no apuntó contra nadie, no dejó de mencionar el mecanismo de desafuero en el caso de que las pruebas recaigan contra este último magistrado, el máximo responsable del tribunal. Y aunque aclaró que aún no solicitará esa herramienta, dejó la puerta abierta para utilizarla más adelante.

El planteo reinstala el tema de las inmunidades de los funcionarios, el cual había cobrado relevancia por el pedido de detención y desafuero del exministro de Planificación kirchnerista y actual diputado nacional, Julio De Vido (Ver recuadro). En San Juan, un juez, al igual que un legislador, por ejemplo, goza de inmunidad de proceso. Es decir, no puede ser indagado y muchos menos detenido, juzgado y condenado. Ante ese escenario, cuando se desata una investigación por una denuncia y surgen elementos que configuren una sospecha suficiente para llamar a indagatoria a ese funcionario, el magistrado que tiene la causa debe pedir el desafuero. El mismo, en el caso de un juez que se encuentre implicado, se consigue a través de la destitución por el Jurado de Enjuiciamiento, el cual se conforma con un miembro de la Corte de Justicia, dos diputados y dos abogados.

Ese camino no sólo quedó latente en el requerimiento de instrucción que hizo el fiscal sino que el abogado Antonio Falcón, defensor del joven acusado del ataque sexual y que denunció la presunta irregularidad en el Tercer de Instrucción, había adelantado a este medio que pedirá el llamado Jury de Enjuiciamiento contra Adárvez. Por lo pronto, Mallea solicitó medidas de prueba para averiguar el hecho denunciado. Entre ellas se encuentran el secuestro del expediente de la causa por violación, los testimonios del personal policial que recibieron la denuncia y que se designe a un perito calígrafo para determinar la originalidad y en qué momento se estampó la firma de la víctima en el escrito.

Adárvez había procesado con prisión preventiva a Sebastián Merino, de 22 años, por la supuesta violación de una joven 13 años mayor que él. Según trascendió, aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la mujer, quien padecería una discapacidad. Pero la causa generó polémica. El fiscal Carlos Rodríguez opinó que todo es nulo, ya que la denuncia debió ser instada por la propia víctima, porque es mayor de edad y aún un juez no define con un fallo su estado de discapacidad y que tenga que ser representada por otro en sus actos.

Pero no es lo único, Falcón, abogado de Merino, le endilgó a Adárvez una “amistad manifiesta” con el padre de la víctima, Alfredo Castillo, por haber compartido un pasado de militancia en el Partido Bloquista. De hecho, fue Castillo quien radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer en representación de su hija.

Pero la cosa estalló aún más cuando el defensor contraatacó y puso una denuncia en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Fabricio Médici, quien es subrogado por Roberto Mallea. En la misma, Falcón señala que en la presentación policial que hace Castillo, su hija no está presente y en el escrito, por ende, no figura la firma, cosa que constató en el expediente que se encuentra en el Juzgado de Adárvez. Pero cuando luego fue a solicitarle al magistrado una medida, descubrió que había aparecido la firma.

Esa presunta falsificación de instrumento público es lo que el fiscal ha pedido que se investigue y se determinen los responsables.

El caso De Vido

El martes, el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió al juez Carlos Rodríguez el desafuero y la detención del exministro de Planificación kirchnerista y actual diputado nacional, Julio De Vido. El representante del Ministerio Público investiga al legislador por el presunto desvío de 2.600 millones de pesos de un proyecto ferroviario para la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. Por su banca en el Congreso, De Vido se rige con la ley nacional de fueros.

La misma establece que tiene inmunidad de arresto. Esto es, que puede ser indagado, juzgado y sentenciado. Ahora, para detenerlo, es necesario que la Cámara de Diputados de la Nación le quite ese privilegio. El planteo fiscal generó revuelo en todo el arco político. Pero al final, el juez Rodríguez decidió no pedir el desafuero, aunque avanzará en la investigación.

Argumento

Ante el planteo de amistad manifiesta entre Adárvez y Castillo, argumentado por Falcón, el juez señaló que el exlegislador “no es ni víctima ni damnificado y tampoco interesado”, según dijeron voceros. Por eso no se apartó.

Puja

Adárvez sostiene que la víctima está registrada a nivel nacional como una persona con discapacidad. El fiscal Carlos Rodríguez apeló y señaló que solo un juez civil declara la “restricción a la capacidad” de una persona.