La Justicia movió las piezas para recabar más información e investigar uno de los puntos más graves de la denuncia contra el expresidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez, y su hermano, Javier, funcionario del Tribunal de Cuentas: la posibilidad de que se hubiera sacado dinero de la primera repartición pública para prestarla en negro bajo la mecánica de la usura. Martín Heredia, del Cuarto de Instrucción, ordenó allanamientos que la Policía concretó ayer en los organismos en los que se desempeñaban ambos protagonistas. En la oficina de presidencia de la Caja, los uniformados se llevaron documentación y computadoras y fuentes calificadas señalaron que el magistrado quiere ver si hay algún expediente en el que se desprenda un posible desvío de fondos.

No es lo único, ya que también ordenará que los juzgados civiles le envíen, en los casos que se hayan dado, expedientes de juicios de cobros de cheques y pagarés en los que hubieran participados los Ruiz Álvarez y el presunto intermediario, Renzo Tinto, resaltaron las fuentes. La movida obedece a que en la causa hay constancias de que los implicados realizaron demandas en las que lograron la ejecución de dos cheques que la denunciante le había entregado a Tinto como garantía por los dos préstamos que le había solicitado. La comerciante aseguró que canceló sobradamente los créditos y que encima le embargaron bienes a través de la ejecución de los documentos. El objetivo es determinar si era una mecánica habitual de los implicados el cobro de documentos vía judicial.

El escándalo estalló el viernes cuando este medio dio a conocer que la fiscal Ana Lía Larrea le pidió a Heredia que abra la investigación contra los tres sospechosos y los indague como presuntos autores de una serie de delitos. Uno de ellos es el de peculado, que comprende a aquel funcionario que sustrajere caudales cuya administración estaba a su cargo. Guillermo Ruiz Álvarez estaba al frente del organismo encargado de prestarles plata a los agentes estatales desde fines de 2003. Los policías allanaron el jueves su estudio jurídico y ayer, su oficina en la repartición, de la que fue desplazado por el Gobernador. En ambos procedimientos se llevaron computadoras y documentación. En la última movida, el juez empieza a buscar expedientes que puedan revelar alguna irregularidad en el manejo de los recursos. Será un tarea titánica, por la cantidad de gastos que hay en la Caja y los casi 15 años que llevaba Ruiz Álvarez en la dependencia. Por eso, las fuentes indicaron que el magistrado seguiría requiriendo documentación vía oficios.

Todo se desencadenó por la denuncia de María Natalia Alaniz, en la que cuenta que le exigió a Tinto que le dijera quién tenía sus cheques, los cuales habían sido ejecutados, ya que estaba cansada de pagar y que nunca se cancelara la deuda. Este hombre le confesó que eran los Ruiz Álvarez, que utilizarían la plata de la Caja. La mujer logró reunirse con Guillermo en su oficina, a quien grabó con una cámara oculta, al igual que a Tinto, quien salía del inmueble. El exfuncionario le pidió que pagara la deuda por los cheques, según consta en el escrito.

En el allanamiento en la oficina de Javier Ruiz en el Tribunal de Cuentas, los uniformados se llevaron documentación y el objetivo es rastrear pruebas de las operaciones. Uno de los cheques de Alaniz, el de 52.670 pesos, estaba a nombre del fiscal de Cuentas, quien demandó su cobro a través de su hermano. El otro, de 40 mil pesos, habría sido adulterado, ya que vencía en 2014 y se extendió a la fecha a 2017. Según las fuentes, el juicio fue promovido por Tinto, con patrocinio de Guillermo.