En la segunda jornada de los alegatos del megajuicio por delitos de lesa humanidad prevista para hoy, a partir de las 9, la parte querellante, que representa a las víctimas, pedirá que si hay una condena para los acusados que se cumpla en una cárcel común. El abogado Roberto Scherbosky, que representa a las familias Carvajal, Neffa e Illanes, adelantó que “vamos a solicitar que se aplique la ley como a cualquier otro condenado por un delito”.
La facultad de decidir el lugar de cumplimiento de las condenas, si se producen, será atribución del Tribunal Oral Federal (TOF), que preside Héctor Cortéz, a quien acompañan Alejandro Piña y Raúl Fourcade.
El tema de los lugares de detención de los exmilitares ha sido motivo de polémica en otros puntos del país, más cuando a algunos de ellos, como al mismo Jorge Videla, se les otorgó el beneficio en algún momento de la prisión domiciliaria, una opción mucho más blanda que la cárcel. Y otros fueron destinados a la Unidad 34 de Campo de Mayo, en Buenos Aires, una unidad controlada por el Ejército, aunque depende del Servicio Penitenciario Federal.
En el proceso que se sustancia en San Juan ya hay dos acusados con el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, que son Alejandro Lazo y Horacio Nieto. Pero el pedido no va contra ellos, según Scherbosky, sino que si se llegan a dictar condenas que sean cumplidas en cárceles comunes del país. En el caso de San Juan se trata del Instituto Penal ubicado en Chimbas. Y para los que solicitan la detención domiciliaria, porque tienen más de 70 años o por cuestiones médicas, el abogado adelantó que pedirán que haya controles para que el cumplimiento de las condenas sea efectivo.
Los alegatos, que constituyen la fundamentación de los planteos de la querella, de la fiscalía y de la defensa de los acusados previo a la sentencia, comenzaron el martes de la semana pasada con la abogada y jueza Margarita Camus y con Fernando Castro, por la causa Camus (ver aparte). Y para hoy, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, está previsto que continúe la exposición de Castro, pero en la causa Erize, la joven modelo que desapareció en octubre de 1976 y de la que nunca más se tuvieron noticias sobre su destino. Después será el turno de Scherbosky.
La cárcel en la que incluso llegó a estar encerrado por un tiempo el acusado Jorge Olivera, para estar más cerca de su familia, que reside en Buenos Aires, es la Unidad 34 de Campo de Mayo, que está dentro de la guarnición militar más grande del país. Pero no es una prisión común, aunque tampoco un penal castrense. La creó en el 2007 la exministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, para evitar la dispersión de los represores en distintos cuarteles del país. La custodia de los detenidos depende del Servicio Penitenciario, pero la unidad militar la controla el Ejército. Por allí pasaron represores como Alfredo Astiz y Jorge ‘Tigre‘ Acosta y también estuvo el expresidente de facto Videla.
En esta unidad, el personal penitenciario tiene instrucciones precisas de no entrar en relaciones personales con los presos y deben controlar que las visitas no les ingresen teléfonos celulares de contrabando. Estos presos, al igual que la población penitenciaria de otros institutos, no tienen acceso a internet. Disponen, sí, de teléfonos fijos que pueden usar abonando con tarjeta. Pero las quejas son que, por tratarse de estar dentro de una guarnición militar, el trato es más benigno.
En el caso de San Juan, en el Penal de Chimbas, los acusados por delitos de lesa humanidad, porque hasta ahora no hay ningún condenado, están alojados en un sector aparte de los presos comunes. Se trata de la parte en la que supo funcionar la enfermería de la cárcel, pero el resto de las condiciones de detención son similares.
Los acusados son 7: Gustavo De Marchi, Francisco Del Torchio, Alejandro Lazo, Daniel Gómez, Olivera, Osvaldo Martel y Horacio Nieto, pero los 3 últimos son los más complicados. Es porque Olivera y Nieto están imputados de privación ilegítima de la libertad por el caso de Erize y del homicidio de Daniel Russo. En la causa de la muerte de Alberto Carvajal, cuyo deceso se produjo por las torturas sufridas cuando estaba detenido en el Penal de Chimbas, que sería otro caso de homicidio agravado, están acusados Olivera y Martel.
Éste en un proceso complejo porque tiene 60 víctimas, 2 de ellas desaparecidas, que son la joven Erize y el rector de la Universidad Provincial Sarmiento, Juan Carlos Cámpora. Y el único asesinato que se tramitó fue el de Russo.