Encuentro. La comisión especial que elaboró el nuevo Código Procesal Penal le presentó el anteproyecto el lunes al gobernador Uñac, en Casa de Gobierno.

El lugar que necesitarán los fiscales para llevar adelante la investigación, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, dejó en evidencia una interna entre el presidente de la Corte y un par suyo. El cruce se dio el lunes ante el gobernador Uñac y las personas que participaron de la presentación del anteproyecto de la nueva normativa. El titular del máximo tribunal, Adolfo Caballero, comenzó a hablar de las necesidades de infraestructura y apuntó su mirada hacia el edificio 9 de Julio. La insinuación, que estuvo a punto de ser un pedido, indica que el cortista aún abriga lo que piensa la histórica conformación del máximo tribunal, que nunca quiso dejar el microcentro, donde está el 9 de Julio, y aceptó a regañadientes el predio de la ex Cavic, en el límite con Chimbas, para llevar adelante la Ciudad Judicial.

No hizo falta que el Ejecutivo diera su opinión, ya que un colega suyo le puso freno. Guillermo De Sanctis fue quien lo cortó en seco y le dejó en claro que no van a utilizar el inmueble ubicado frente a Tribunales. Este último tiene otra visión. Desde que asumió viene sosteniendo que lo mejor es el traslado del Poder Judicial a la exbodega y su postura va en sintonía con lo que piensan en el Ejecutivo. Fuentes gubernamentales indicaron tras la reunión que el 9 de Julio no será usado por la Justicia, ya que se está planeando utilizarlo para reparticiones oficiales.

A pesar de la negativa de usar el 9 de Julio, Uñac fue muy claro durante el encuentro del lunes entre la comisión especial que armó el nuevo Código, la Corte y el Fiscal General. Según indicaron las fuentes, el mandatario sostuvo que "soy muy ejecutivo y pongo a disposición la colaboración del Gobierno para todo lo que haga falta, tanto en los fondos como en buscar un inmueble acorde". Lo único que pidió Uñac es que se defina cuándo se pondrá en marcha el nuevo sistema, lo que en principio será el segundo semestre del 2019.

El espacio para la implementación de la investigación fiscal no es menor. Según trascendió, cuando Caballero hizo referencia a lo que necesitarán, habló de unos "20 mil metros cúbicos". Los testigos indicaron que Uñac lo corrigió y le aclaró que son metros cuadrados cubiertos. Luego el cortista aludió a la tarea de remodelación que el Gobierno está realizando en el 9 de Julio, pero antes de que terminara la idea, De Sanctis lo interrumpió. "No, ese edificio no se va a utilizar", aseguran las fuentes que le respondió su colega. El cruce dejó un clima incómodo, hasta que se cambió de tema.

Tras el episodio, hubo debate sobre otro eje. Algunos sostienen que para que el sistema funcione es necesario que se implemente de manera paulatina, por secciones, mientras que hay otros que indican que lo mejor es que comience en toda la provincia, sin restricción. Por otro lado, los especialistas aseguran que los inmuebles a usar deben tener condiciones especiales: salas de audiencias, sectores definidos para el público, para el personal judicial y otro para el imputado y la policía.

El nuevo Código Procesal Penal plantea un cambio drástico. Se pasará de la investigación en manos de los jueces a la de los fiscales, con la implementación de la oralidad y el juicio por jurados. Apunta a ser ágil y a reducir considerablemente los tiempos desde que una persona es acusada de un delito hasta que reciba su sentencia.