Luego de haber asegurado que Vialidad no está en condiciones de llevar adelante una auditoría interna extensa para determinar si existieron más de los cuatro desembolsos duplicados en la gestión giojista a favor de la empresa Menin, el director de la repartición, Juan Manuel Magariños, dio marcha atrás y se desdijo al manifestar que "vamos a revisar hasta el último expediente". El volantazo obedece a la decisión del Gobierno uñaquista de no dejar cabos sueltos en un escándalo que, en principio, le significa un pago extra de al menos 1,5 millones de pesos.

Luego de un cruce entre dos empleados de Vialidad, llegó a oídos de las autoridades una irregularidad sobre dobles pagos de certificados de obras. Por eso, la repartición decidió auditar las cancelaciones emitidas por la ruta 149, en Calingasta. Según la denuncia, hubo tres certificados por diferentes tramos del camino, que se pagaron en julio de 2013 y luego se volvieron a abonar en enero de 2014. Los tres documentos llegan a 1.074.177 pesos, pero salió a la luz un cuarto por casi 370 mil pesos, dado a conocer por la empresa. Con el ánimo de colaborar y en el marco de una estrategia defensiva, Menin depositó la suma más los intereses en una cuenta a disposición de la provincia y aseguró que todo fue un error administrativo.

Por ese hecho, Magariños aclaró ayer que actualmente hay una investigación en curso y que está siendo realizada "por los oficiales sumariantes y por la Justicia" y que también podría intervenir el Tribunal de Cuentas para revisar otros expedientes.

La nueva postura del titular de Vialidad, de ir a fondo con la revisión interna, se da luego de que el martes, tras haber ratificado la denuncia en el Quinto Juzgado de Instrucción, manifestara a este medio que "no estamos en condiciones de hacer una auditoría y un seguimiento demasiado extenso porque no tenemos el recurso humano ni la capacidad profesional para este tipo de investigación". Como justificativo, resaltó que la repartición "genera unos 3 mil expedientes anuales. Si estamos hablando de varios años atrás, ese número se multiplicaría en una cantidad imposible de manejar para nosotros que somos un ente que se dedica a hacer obras, que tenemos un perfil técnico, que no tenemos un perfil administrativo o de investigación". Además, había reconocido que podía haber más certificados duplicados, pero que por esa incapacidad técnica, "tampoco los estamos buscando". Pero Magariños cambió su discurso y ayer dijo que "queremos dar la tranquilidad de que vamos a revisar hasta el último expediente para detectar si existieron más duplicados o irregularidades de algún tipo". También remarcó que "estamos asignando recurso humano y tecnológico para mejorar nuestro sistema de auditoría interna con altos estándares de efectividad" porque "no se pueden repetir estos errores".

En la causa están imputados Oscar Menin, dueño de la firma, y Pablo Vizcaino, responsable técnico. Por el sector público, el exjefe de Certificaciones de Obra, Francisco Gómez, y el exdirector de Vialidad y actual secretario del Agua, Edgardo Guerci. También aparece la asesora jurídica de la repartición, Claudia Caparros, y la contadora Eliana Alonso, de la Delegación Fiscal.

Los Delitos

La Justicia investiga si hubo complicidad entre la pata empresaria y la estatal. La fiscal de la causa, Claudia Salica, pidió la indagatoria de los cinco implicados por estafa agravada en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumento público y privado, entre otros.