El empresario de la construcción César Borrego había regresado del exterior con su esposa Marisa Fochi y su hija Luciana y, de acuerdo a la normativa vigente en ese entonces por la pandemia del coronavirus, debían cumplir un aislamiento de siete días en su hogar. Sin embargo, personal de la Dirección Nacional de Migraciones constató que ninguno se encontraba en la casa, por lo que se radicó la denuncia en la Justicia Federal por no respetar la cuarentena. En el medio de la investigación, el abogado defensor propuso la donación de dinero a Casa Cuna como una forma de solucionar el conflicto. Fue así que el fiscal Francisco Maldonado le dio el OK al planteo, por lo que el juez Leopoldo Rago Gallo le hizo lugar a lo que se denomina reparación integral del daño y desvinculó a Borrego y sus dos familiares del delito de violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia, luego de que el empresario transfiriera 200 mil pesos a la entidad benéfica, informaron fuentes judiciales.

El caso es el primero que se resuelve en la Justicia Federal, ya que las infracciones a las medidas para contener el avance del coronavirus se tramitaron en el fuero provincial. No obstante, una causa de alto impacto, la denominada Fiesta VIP, tuvo su inicio en la Justicia local, pero una resolución de un tribunal federal superior entendió que debe tramitarse en el ámbito federal, lo que desató el llamado conflicto de competencia. Así, en esa causa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que deberá definir en qué fuero se tramita.

La Asociación Casa Cuna asiste a niños abandonados o con problemas judiciales.

La causa contra Borrego, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación San Juan y miembro de la entidad nacional, su esposa e hija se disparó el 22 de julio con la denuncia de la representante legal de Migraciones. En la presentación se señala que los tres ingresaron el 22 de junio al país por el aeropuerto de Ezeiza y que, de manera previa, habían llenado el formulario web, el cual actúa como declaración jurada y en el que habían informado el lugar en el que iban a cumplir con el aislamiento. Por directivas impuestas a nivel nacional, el cuerpo de inspectores de control de permanencia de Migraciones fue a verificar el 25 de julio que el empresario y su familia estuvieran en su hogar, pero no los encontraron.

Tras la denuncia, se abrió la investigación y las dos mujeres fueron indagadas, aunque se abstuvieron de declarar. En el avance de la causa, el abogado de la familia se presentó en la Justicia y solicitó la extinción de la acción penal a través de la reparación integral del daño con una donación de 150 mil pesos para Casa Cuna, 50 mil pesos por cada imputado.

Ante la propuesta de reparación del perjuicio, el fiscal, como encargado de la persecución criminal, es el encargado de definir si acepta o no tal planteo, cuya opinión es vinculante. En este caso, Maldonado valoró el hecho y la escala penal del delito, que va de seis meses a tres años de prisión, y le otorgó el visto bueno al planteo de la defensa. Tras la postura del representante del Ministerio Público, el juez Rago Gallo le hizo lugar a la reparación integral del perjuicio a través de la donación a la institución benéfica, encargada del cuidado de niños abandonados o con problemas judiciales, pero subió el monto a 200 mil pesos. El abogado de la familia presentó los comprobantes de la transferencia bancaria a Casa Cuna, por lo que el juez resolvió el miércoles declarar la extinción de la acción penal y sobreseer a las mujeres y desvincular a Borrego de la causa, ya que éste no había sido indagado.