La confitería del Parque Ischigualasto quedó en medio de un tironeo de alta tensión. El Gobierno busca desalojar en el corto plazo al concesionario privado de la confitería del lugar, que es la vedette turística de la provincia. La principal razón que esgrime la parte oficial es que el operador tiene vencido el contrato y por eso fue a la Justicia, pero también le endilgan servicio deficiente y hasta sugieren que no paga por la electricidad que consume. El prestador se niega a entregar el lugar con el argumento de que el Estado no hizo el reclamo en tiempo y forma y que tiene un contrato vigente porque no ha violado ninguno de sus puntos.

Según dijo el secretario de Turismo, Ubaldo Hidalgo, vienen arrastrando esta situación hace años pero ahora están realmente "preocupados" porque "me consta que se le hizo la notificación de desalojo hace tres meses y no se fue".

El concesionario es Ramiro Coussirat, quien maneja la confitería desde mediados de los "90. En el Gobierno en voz baja reconocen que ese contrato tiene fallas estructurales que le permiten al operador litigar. Pero mientras Coussirat asegura que tiene todas las de ganar, Hidalgo sentenció que "el actual concesionario ha venido buscándole la vuelta sin ningún tipo de sustento legal".

"Ese contrato de concesión venció hace muchos años, 3 años fácil, desde el punto de vista legal y técnico estaban dadas las condiciones para que se retirara el actual concesionario y se hiciera un nuevo llamado", aseguró el funcionario.

Por su parte, el empresario dijo que "yo hace mucho tiempo que estoy ahí y un sector del Gobierno interpreta la ley a su manera y la ley es una sola". Agregó que el "contrato no tiene por qué rescindirse porque es un contrato y no se ha entorpecido todo lo que está establecido dentro de él, por mal desempeño de parte mía. Entonces el Gobierno tendrá que actuar en consecuencia".

Coussirat sostuvo que su contrato "no expira" porque se toma de una figura en el Código Civil, que según él implica que "mientras los contratos se vayan sucediendo y no haya ningún tipo de oposición por parte del Gobierno en tiempo y forma, con su debida antelación, porque hay tiempos para ambas partes… Cuando esos tiempos expiran ninguna de las dos partes tiene derecho a reclamar. Yo podría renunciar si quiero pero ellos no pueden pedirme el contrato cuando no lo han hecho en tiempo y forma".

Hidalgo, sin embargo, se mostró optimista con que el desalojo se consumará en "un tiempo corto".

Más allá de la cuestión contractual, en el Gobierno consideran que el servicio es deficiente. Según el secretario de Turismo, "al menos, comparándolo con Talampaya que hay un servicio con una visión y un servicio más adecuado al tipo de turista que visita el Parque. A mi criterio es un servicio que podría ser mucho mejor. Estamos muy lejos de lo que el tipo de público que visita el parque requiere como prestación, eso sin duda".

Desde el punto de vista edilicio, la parte oficial también tiene sus reservas. Según el funcionario, "el edificio se hizo en los "70 y estaba concebido de una manera y en 40 años las cosas cambiaron mucho y sin duda deberíamos tener otro tipo de infraestructura y otro tipo de servicio mayor categorizado". Agregó que "si tenemos un museo con capacidad para 400 personas, cómo no vas a tener una confitería con capacidad para 200. Hoy sentadas caben no más de 70, apretadas, hay un retraso importante en ese sentido".

La parte oficial también sospecha que el concesionario estaría tomando energía del Parque irregularmente, pero lo consideran un detalle menor respecto de la situación ilegítima de permanencia. "Cuando vos sos usuario de un servicio y no tenés medidor, obviamente no estás habilitado", dijo una alta fuente gubernamental.

"La Justicia debe decirle qué tiene que hacer al gobierno o a mí", argumentó Coussirat. Y remarcó su intención de quedarse: "Yo tengo una responsabilidad con respecto a mis empleados y expectativas de vida como la tiene cualquiera con su trabajo".

Sobre lo que le achacan de servicio deficiente, el operador se defendió diciendo que "eso se lo tienen que preguntar a los 80.000 turistas que pasan por ahí y no creo que sean estúpidos y ellos mismos denunciarían que yo no presto como se debe la atención". Y agregó que "vaya a la oficina de Energía San Juan y vea si estoy pagando la factura de luz y todo lo demás. Estas son chicanas de parte del Gobierno. Yo lo único que hago con mi gente es trabajar y no es la primera vez que nos tiran. Es sistemático esto".