Con las estadísticas en la mano, en la gestión giojista y la Policía están que arden por una catarata de liberación de presos que hoy andan en la calle como si nada. En el último trimestre de 2014 los jueces Penales dictaron 182 excarcelaciones de personas que, en muchos casos, registran decenas de detenciones por delitos graves y son consideradas peligrosas. La cantidad no es equivalente a liberados, debido a que algunos recibieron el beneficio en más de una oportunidad en virtud de que a los pocos días de salir volvieron a caer por otro delito. Una de las explicaciones es la morosidad del Poder Judicial: las falencias del sistema y la falta de personal lleva a que los magistrados no resuelven las causas penales de vieja data que tienen en su haber los presuntos delincuentes y al no existir una condena, se hace más difícil retenerlos en la cárcel.
El tema parece despertar la vieja pulseada que hay entre mano dura y garantismo. ‘Nada de eso‘, dicen en la administración que encabeza José Luis Gioja. Más bien, afirman, pasa por la falta de sentido común de los jueces a la hora de analizar las planillas prontuariales de los que son detenidos una y otra vez acusados de cometer un crimen.
La tormenta de excarcelaciones no es nueva ni casual y se repite en el segundo semestre de cada año (Ver recuadro). Esta vez, fue la más abultada de los últimos cinco. De julio a diciembre se dictaron 319, mientras que en el mismo periodo de 2010 fueron 276 y en 2013 la cifra llegó a 263.
Sólo en diciembre pasado, los jueces de Instrucción y Correccionales liberaron a 57 presos del Penal de Chimbas. Están imputados por delitos graves, como robo, robo agravado por el uso de arma de fuego y hasta abuso sexual. Incluso, aseguran en la Policía, arrastran un amplio prontuario.
Todos fueron dejados en libertad a cambio de una simple caución juratoria. ¿De qué se trata? Es un formulario que el sospechoso tiene que llenar, asegurando que se presentará cada vez que la Justicia lo requiera.
En el corazón del Gobierno se preguntan por qué los magistrados no toman en cuenta los antecedentes de los presos para no dejarlos ir. Y se responden que si lo hacen, resulta que es de forma muy liviana, como para sacarse trabajo de encima.
En la Policía dieron algunos ejemplos para graficar la situación. Dijeron que en la lista de liberados en diciembre está el ‘Conejo‘ Carrizo, que registra 26 detenciones por distintos tipos de delitos, entre ellos robo, hurto calificado y hurto agravado en grado de tentativa. Por otra parte, aseguraron que Cristian Vera cayó preso 24 veces por hechos similares y que el ‘Negro Kuco‘ Morales fue detenido en 22 oportunidades, en su mayoría también por delitos contra la propiedad.
Hay un tema de fondo que explica parte del problema. El Código Penal dice que si una persona condenada comete un nuevo delito un tiempo después, no puede ser excarcelada. En esta catarata de liberaciones, esa imposición de la ley tiene aplicación porque los beneficiados, increíblemente, no cuentan con ninguna condena en contra. Y lo peor es que en casi todos los casos no recibieron ningún castigo no porque se acreditara que no tuvieron nada que ver, sino porque las causas que los involucran quedaron dormidas en un cajón y los jueces no las resolvieron.
La estadística indica que hay causas que se dispararon en 1995 y cayeron en el olvido. Ni declaración de inocencia (sobreseimiento o absolución en la etapa de juicio) ni de culpabilidad (condena): directamente no se terminaron.
Algunos arrestos que acumulan los 57 liberados son de cuando eran menores y los hechos que les imputaban prescribieron por falta de resolución. En definitiva, por la propia morosidad, los magistrados no pueden tener en cuenta ahora esos hechos para decidir si los sueltan o no.
La impotencia de la política de persecución criminal, si es que existe, tiene otros motivos que no son menores. Por mes entran a cada juzgado Penal entre 800 y 1.000 causas y la falta de personal y estructura edilicia (no hay lugar para poner más empleados ni computadoras) hace imposible culminar todas. El proceso no es sencillo ni corto: hay que indagar al sospechoso, tomarle declaración al denunciante, al policía que lo detuvo y a los testigos, verificar pericias y recién dictar el procesamiento o el sobreseimiento, todo por escrito.
Mientras tanto, la Corte de Justicia hace años que viene ahorrando dinero a costa de no cubrir las vacantes y la falta de empleados se agudiza progresivamente. Además, no se hace eco o se demora en aplicar formatos más avanzados para agilizar los trámites y eficientizar la instrucción, como la oralidad de los procesos penales y la investigación fiscal.
La situación pone al descubierto, otra vez, el desborde del Poder Judicial. Discusión va, discusión viene, la frustración de esa pata del Estado para combatir la inseguridad hace explotar el sistema de la peor manera: presuntos delincuentes sin ser enjuiciados, liberados y con la ciudadanía en permanente riesgo de ser víctima de ellos. ‘Salen y no se van a la cosecha, van a delinquir‘, aseguró un funcionario esta semana, que puso como ejemplo el de los hermanos Carlos y José Senatore, excarcelados en diciembre y arrestados de nuevo en enero.