Tras la denuncia por violencia de género que la vicepresidenta del PRO local, Gimena Martinazzo, hizo contra Eduardo Cáceres, se generó un escándalo institucional partidario a la hora de sugerir y dar a conocer las medidas contra el diputado nacional. El papelón se produjo por un comunicado que circuló entre los miembros de la fuerza política y la prensa, en el que el espacio nacional recomendaba la suspensión del legislador del partido "hasta que el hecho sea resuelto y esclarecido". Inclusive, un mail desde la dirección institucional del macrismo nacional había llegado a este medio con esa resolución, la cual también tenía la propia Martinazzo. A todo eso, el presidente sanjuanino, Enzo Cornejo, aseguraba que tal disposición era "totalmente falsa" y desmentía que hubiese llegado desde Buenos Aires. En ese marco, llegó un segundo correo oficial a este diario, en el que se dejaba de lado la suspensión y se recomendaba activar los protocolos por violencia de género, pero con un segundo artículo en el que volvían a hacer referencia a la suspensión. Así, el partido nacional envió un tercer mail, en el que la medida ya no existía y sólo quedaba la aplicación de "los procedimientos pertinentes en función de la denuncia recibida". Según Cornejo, esa acción es la que quedó firme.

Las idas y vueltas del PRO en el caso de Martinazzo llaman la atención teniendo en cuenta que se trata de una denuncia por violencia de género que fue presentada el miércoles y que la Justicia ya está investigando, al punto que es un hecho que Cáceres será indagado en el corto plazo (ver recuadro).

Sobre el escándalo por la resolución y la comunicación, Cornejo le apuntó a la puja política interna. El flamante presidente indicó que es "lamentable la falta de empatía y solidaridad de otros sectores, que no hacen más que generar confusión a un caso que debe ser tratado con cuidado, con el mayor de los respetos por la sensibilidad del tema y, principalmente, porque hay dos familias que no la están pasando bien". No obstante, todo indica que los errores vinieron desde la comunicación oficial del partido a nivel nacional. Además, fuentes partidarias indicaron que Patricia Bullrich, titular del PRO, está al tanto del escándalo que se generó por las resoluciones y los mails.

En cuanto a las directivas de la presidente del Consejo Directivo Nacional, Cornejo sostuvo que "avanzamos en la activación del protocolo de prevención de Violencia de Género, por lo que, si bien es un tema que ya está en manos de la Justicia, partidariamente, por recomendación de la Comisión Nacional, se procederá a la apertura de un expediente a cargo del tribunal de disciplina, órgano que avanzará en la causa y estará a la expectativa de las resoluciones judiciales para posteriormente elevar una sentencia".

Al ser consultada sobre la situación partidaria, Martinazzo confirmó que hizo la denuncia ante el PRO nacional porque "tengo la obligación de hacerlo porque hay un protocolo interno para estos casos de violencia". Además, dijo que habló con Bullrich, quien le expresó que se iban a realizar "todos los procedimientos correspondientes que indica la Carta Orgánica y los protocolos partidarios porque nada justifica la violencia".

Por otro lado, la recomendación que realizó la fuerza nacional, que finalmente quedó plasmada en el comunicado oficial (activar los procedimientos pertinentes en función de la denuncia recibida), es transitoria, ya que, según la fundamentación que consta en el escrito, se aplica "a la espera de que el Sr. Cáceres decida si ejerce o no su derecho de defensa".

Referencia política

Luego de que Martinazzo hiciera la denuncia, el diputado Cáceres hizo su descargo en las redes sociales. Fue el legislador quien dio a conocer que Martinazzo lo denunció. Además, indicó que, por la situación, "no creo que tenga una connotación política, ya que Gimena es quien me sucede en la Cámara de Diputados".

  • CAUSA JUDICIAL

La denuncia por violencia de género contra Eduardo Cáceres está en manos de Federico Rodríguez, del Cuarto Correccional. Tras recibir la denuncia, que fue realizada en la comisaría de la Mujer, el magistrado ordenó una serie de medidas probatorias, como la obtención de imágenes de una cámara de seguridad, el peritaje de los teléfonos celulares de los involucrados y la testimonial de Martinazzo. Por otro lado, contra Cáceres dispuso una restricción perimetral, por lo que no se puede acercar a menos de 300 metros ni de Martinazzo ni del domicilio de ella. Además, fijó que no haya ningún hostigamiento vía telefónica ni por cualquier otro medio ni a través de un tercero. También le impuso al legislador un bozal legal, por lo que no la puede nombrar. Al tener fueros, Cáceres no puede ser detenido, pero sí investigado.