La Fiscalía de Estado analiza por estas horas la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia el fallo que dio por prescriptas las deudas con el ex Agrovitícola.

La resolución fue dictada hace dos semanas por el máximo tribunal local y en la práctica implica que la provincia pierde el derecho de cobrar unos 70 millones de pesos en demandas contra productores y agentes de retención (bodegas) que supuestamente no le pagaron al organismo la cosecha 1993.

‘Lo estamos evaluando, no lo descartamos‘, contó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, sobre la opción de recurrir el fallo. Sería un planteo para que se revea la resolución de la Corte de Justicia de San Juan y se tiene que presentar ante la Corte Suprema, es decir la máxima instancia judicial del país.

El ex Agrovitícola fue creado por los productores, era administrado por el Estado y funcionaba como un seguro de riesgo climáticos. En 1993 fue disuelto y como los aportes que debían hacer los beneficiarios por la cosecha de ese año no ingresaron a las arcas del organismo, en 1999 la Provincia empezó a ejecutar judicialmente a los productores y las bodegas que hacían las veces de agente de retención.

El fallo de la Corte local que las deudas prescribieron al cumplirse un año de haberse generado, es decir en 1994. Esto, según los cortistas, porque la deuda por un seguro es de naturaleza comercial y como tal, vence al año. Significa que la provincia debería haber interpuesto las demandas, a más tardar, en el ‘94 y no recién seis años después.

Y si bien la resolución es sólo por el caso de Bodegas y Viñedos Horacio Nesman, es de carácter plenario y los jueces inferiores están obligados a aplicar el mismo criterio en el resto de las causas en trámite. Por lo que de quedar firme, impactaría en todos los procesos donde la provincia busca cobrar.

En la Fiscalía tiene dudas. Según Gustavo Quiroga Zungre, jefe del área de Ejecuciones no Tributarias, ‘estamos viendo si efectivamente es una deuda de naturaleza comercial, este era un seguro compulsivo y obligatorio y bien podría prescribir en un plazo mayor, como dice el Código Tributario‘.

Pasa que al momento de la liquidación del ex Agro, el gobierno de Juan Carlos Rojas dijo que el proceso se debía llevar a cabo bajo los parámetros del Código Tributario. Decía que las deudas prescribían a los cinco años y que las intimaciones suspendía el plazo de la prescripción.

Por otra parte, De Sanctis aprovechó para desligar a la Fiscalía de Estado de cualquier responsabilidad. Si bien el organismo en aquella época era conducido por Pedro Quiroga (fallecido), negó que hayan existido demoras. Según el funcionario, las demandas se empezaron a presentar en 1999, porque recién ese año el Ejecutivo le mandó los certificados de ejecuciones. Además, remarcó que en ese momento estaba vigente la norma que decía que este tipo de deudas prescribía a los 5 años.

Durante la semana, un grupo de productores salió a remarcar que ellos nunca dejaron de pagarle al ex Agro y le apuntaron a las bodegas, por no entregar el dinero que retenía como agentes de retención. Sin embargo, fueron demandados porque son considerados solidariamente responsables. Ellos tiene la opción de accionar contra las bodegas.