El derrame en 2015 de un millón de litros de solución cianurada de la mina Veladero contaminó las aguas de los ríos iglesianos Los Potrerillos, Las Taguas y La Palca. Por el hecho, hay ocho exempleados (entre ellos, algunos ejecutivos) de la empresa Barrick que se encuentran procesados por su responsabilidad, ya que actuaron de manera negligente, imprudente o sin observar los reglamentos, según los fallos judiciales. Los imputados deben enfrentar un juicio, pero realizaron presentaciones para evitar la sanción penal. Todos solicitaron que sean sometidos al procedimiento contemplado en la ley llamado suspensión de juicio a prueba o probation, en el que ofrecen una reparación simbólica en dinero y la realización de tareas comunitarias, a cambio de que, una vez que cumplan con lo propuesto, se borre la mancha de la causa penal en sus antecedentes. Fuentes judiciales aseguraron que como algunos de ellos viven fuera de la provincia sólo pusieron en consideración un monto que va de los 10 mil a los 50 y 60 mil pesos, mientras que otros propusieron plata y llevar a cabo trabajos comunales, cuyos detalles no trascendieron.

Por el derrame, la gestión uñaquista multó a la compañía con 145 millones de pesos en la fase administrativa.

Los planteos de los exempleados fueron realizados hace dos semanas y recién salieron a la luz el viernes. Ahora, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, deberá opinar si está de acuerdo o no con los pedidos, aunque será el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, el que tendrá la palabra final cuando fije la fecha de la audiencia. Los que esperarán el resultado son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor Junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina a cargo de Gerencia General), Ángel Escudero (jefe de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (jefe de Servicios Técnicos), David Sánchez (jefe General de Mantenimiento de Mina) y Ricardo Cortéz (supervisor Junior de Medio Ambiente).

La probation se concede a todos aquellos acusados por delitos en los que el máximo de la escala penal no supere los tres años. Los implicados están procesados por infringir el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos (24.051), que es un apéndice del Código Penal. El mismo le impone una pena de 1 mes a 2 años de prisión en suspenso (no es de cumplimiento efectivo) a quienes causen una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo "por imprudencia o negligencia... o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas". Es decir, todos pueden acceder al régimen que es un método alternativo de solución del conflicto. El fiscal puede oponerse, pero debe fundar su postura, al igual que el magistrado cuando tome la decisión final.

La fuga de la solución cianurada del valle de lixiviación (el área en la que se separa el oro de la roca) se produjo el 12 de septiembre de 2015. Desde el Gobierno anterior radicaron la denuncia, lo que desató la investigación (Ver cronología). El hecho causó malestar en la sociedad, movilizó a agrupaciones ambientalistas y hasta hubo una puja sobre quién debía investigar la causa, dado que intervino un juez federal de la Ciudad de Buenos Aires hasta que fue apartado por la Corte Suprema (Ver Detalles).

El derrame se produjo por la rotura de una válvula a causa del frío extremo. El líquido cayó al canal Norte, pasó por la zona de una compuerta que estaba abierta y terminó en el río Potrerillos. Dicha compuerta debía estar cerrada para que el químico desembocara en una pileta de contingencia. De acuerdo al expediente, Poblete había convocado a una reunión en la que con el resto de sus compañeros acordaron la apertura para que el agua de deshielo de un temporal fuera a parar al cauce.

Procedimiento penal

El derrame se produjo en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal. El delito encuadró en uno de tipo correccional, el cual instruyó el Juzgado de ese departamento. A la hora del juicio, debía llevarlo adelante la jueza de Paz jachallera, Silvia Rodríguez, pero como se encuentra de licencia médica, la reemplaza Quiroga, de Iglesia.

6 de octubre

2015

El entonces juez de Jáchal, Pablo Oritja, comenzó a tomar las declaraciones indagatorias de los empleados de la empresa Barrick.

10 de marzo

2016

El magistrado procesó a Poblete, Álvarez, Cabanillas, Escudero, Brocca, Sánchez, Cortéz, Pizarro y a Antonio Adames, exgerente General.

15 de agosto

2017

Los defensores apelaron y los jueces de la Sala I de la Cámara Penal confirmaron ocho procesamientos. Sólo fue desvinculado Adames.

Puja por la investigación

Por una denuncia realizada en Ciudad de Buenos Aires, el juez federal Sebastián Casanello comenzó a investigar el derrame en suelo sanjuanino. El magistrado Pablo Oritja, de Jáchal, le pidió que se apartara y se creó un conflicto de competencia, el cual definió la Corte Suprema a favor del sanjuanino. Este mes Casanello insistió con medidas y ahora el juez Quiroga le volvió a pedir que se aparte.

Otros incidentes

El 8 de septiembre de 2016 se produjo una fuga de solución cianurada, pero que no salió del valle de lixiviación y por lo tanto, no afectó ningún río. Se abrió una causa penal, pero como no hubo contaminación, se archivó. Lo mismo sucedió con el expediente a raíz del tercer incidente que se registró el 28 de marzo de 2017, con el derrame de solución rica que no salió del valle de lixiviación.