El tribunal de juicio que está a cargo de la megacausa de expropiaciones, en la que abogados, exjueces y exfuncionarios están procesados por integrar una asociación ilícita que inflaba el valor de los terrenos que expropiaba el Estado, definirá entre mayo y junio, qué elementos de prueba serán utilizados en el debate. La instancia es central para comenzar el juicio, el que ahora, con el nuevo plazo, está previsto a arrancar entre agosto y septiembre, indicaron fuentes oficiales. Se trata de una nueva estimación ya que con anterioridad hubo expectativas para dar inicio en 2020, el año pasado y durante este primer semestre. Las fuentes indicaron que definir la prueba es el último paso y que en la resolución que se dicte, sobre esos elementos, estará plasmada la fecha de juicio. Además, apuntaron que por el volumen de prueba a utilizar y la cantidad de testigos que tiene la causa, 72, de los cuales hay unas diez personas fallecidas, el juicio demandará meses aunque hay intenciones de que finalice este año.

Los jueces que deberán definir qué elementos de prueba serán tenidos en cuenta y los testigos que estarán presentes son Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. El tridente quedó establecido a fines del 2020, luego de una serie de planteos que hicieron las defensas. Previo a eso, se estimaba que el juicio que debía arrancar ese año, pero quedó postergado por las complicaciones que trajo la pandemia y por los planteos de los abogados defensores. Luego, había expectativas hacia el año pasado y después para principio de este. Ahora, todo parece caminar hacia el segundo semestre.

El número de testigos no es menor y si bien desde Tribunales apuntaron que han existido otras causas con esa cantidad, afirmaron que no es común, por lo que tendrá peso a la hora del desarrollo del juicio. Además, las fuentes indicaron que las defensas de los 14 imputados han solicitado que las declaraciones realizadas en la etapa de instrucción no sean leídas, como suele ocurrir en otros juicios para no extender el debate, y pidieron que estén presentes para poder ser entrevistados. Dicho pedido está en manos del tribunal, por lo que no se descarta que la mayoría de ellos deba responder preguntas frente a los jueces. Es que, varias de las personas que prestaron testimonio, hoy son funcionarios judiciales y provinciales. En ese caso, se les debe remitir las preguntas, las que serán respondidas por escrito. En ese caso se encuentra Aldo Molina, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia; la camarista Civil, María Eugenia Varas; y la jueza de Paz de Rawson, Daniela Bustos, confirmaron las fuentes. Luego, entre los testigos clave, se encuentran personas centrales dentro de los expedientes de expropiación (Ver recuadro), como es el caso de José Prividera, el dueño de un terreno expropiado en Capital, quien reconoció su firma en un poder que le dio al abogado Santiago Graffigna (principal imputado) para que llevara adelante el juicio de expropiación. Prividera dio testimonio para la causa denominada "Basañez". También se encuentran Miguel Suraty y Teresa Infante, protagonistas de una polémica y dudosa sesión de derechos en la que se supone que se llevaron una cuantiosa suma de dinero a cambio de una inversión mínima. Ambos en la mira por falso testimonio. La causa que los tiene involucrados es por la expropiación de un terreno que la sociedad de beneficencia San Vicente de Paul tenía en Rawson.

• CRONOLOGÍA

2008

nvestigación

El por entonces asesor de Gobierno, Guillermo De Sanctis, investigó algunos juicios de expropiación. Con los elementos, el Ejecutivo inició un sumario.

2010

Denuncia

La Secretaría General de la Gobernación hizo la denuncia, mientras que el Ejecutivo echó al abogado del Estado, Norberto Baistrocchi.

2013

Presos

Caen presos Santiago Graffigna, Rosalba Marún, Mario Díaz, Néstor Ruiz, Ana María Melvin y exintegrantes del Tribunal de Tasaciones.

2013

Destitución

A través de un Jury, el juez civil Carlos Macchi fue destituido de su cargo. Luego fue denunciado en sede penal y ahora enfrentará el juicio.

2016

Libertad

En marzo, Graffigna quedó en libertad. El máximo imputado pasó 2 años en el Penal de Chimbas y uno más en su hogar con prisión domiciliaria.

2018

Cierre

El expediente cerró con el dictamen de quien era el juez del 5to de Instrucción, Benedicto Correa. El fiscal Carlos Rodríguez, había pedido la clausura.

• Las causas de expropiaciones

La causa cuenta con cuatro procesamientos dictados por diferentes jueces, en los que quedaron involucrados, en primer lugar, el abogado Santiago Graffigna como el presunto líder de la asociación ilícita, mientras que su exsocio Horacio Alday se encuentra en la mira como partícipe de dicha organización. El entonces juez civil Carlos Macchi fue destituido y también está implicado como miembro. Los otros acusados son los peritos que actuaron para Graffigna (Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos) y la perito Ana María Melvin, quien se desempeñaba en Fiscalía de Estado. También se sentarán en el banquillo de los acusados el exfiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. También había sido procesado el perito Joaquín Francisco Fernández, pero este falleció, al igual que la exjueza Rosalba Marún.

Entre las causas más emblemáticas se encuentran Ruíz, Guillermo, donde el Estado pagó 25 millones de pesos por la expropiación de una vereda de 1.430 m2, que finalmente no se canceló. También figura la causa Cuesta del Viento que comprende a un grupo de terrenos que fueron expropiados en Iglesia para la construcción del embalse del dique Cuesta del Viento. En ese caso, la provincia pagó en total unos 17 millones de pesos. En el expediente denominado Parque de Mayo, que no se pagó, apuntaba a un desembolso de unos alcanzaría los 1.500 millones de pesos por cinco hectáreas aledañas al Parque de Mayo. Mientras que en el caso Canal Benavídez, la provincia zafó de pagar poco más de 100 millones de pesos por dos hectáreas del entonces llamado canal Playas. Esa expropiación se hizo en 1949.