Detenido desde principios de marzo como el principal sospechoso de un fraude millonario contra las arcas públicas, el abogado Santiago Graffigna espera expectante las próximas horas. Entre hoy y mañana, la jueza del escandaloso caso de las expropiaciones resolverá si le concede la libertad o si lo deja preso hasta que el proceso llegue a su fin. El fiscal de la causa opinó que debe seguir detenido, teniendo en cuenta que se le imputa un delito no excarcelable. Pasa que lo señalan como el jefe de una presunta asociación ilícita que sobrevaluó inmuebles expropiados y estafó a la provincia en más de 40 millones de pesos.
Graffigna cayó detenido por disposición de la jueza María Inés Rosellot y desde entonces, al contrario de la mayoría de lo que pasa con la mayoría de los imputados de cometer un delito, está alojado en los calabozos de una comisaría y nunca fue trasladado al Penal de Chimbas. La semana pasada terminó de ser indagado y sus abogados defensores pidieron que sea excarcelado, es decir que permanezca en libertad mientras se sigue sustanciando la causa que lo involucra.
La causa judicial, conocida como megacausa por su extensión y envergadura, se disparó por una denuncia que hizo la gestión giojista en el año 2010, al sospechar que Graffigna, su colega Horacio Alday, profesionales de la administración pública y jueces operaron sigilosamente para inflar el precio de inmuebles expropiados. Todo, supuestamente, para sacarle en forma ilegal jugosos dividendos al Estado.
La jueza tiene tiempo hasta mañana en las dos primeras horas para tomar una decisión sobre la situación de Graffigna. Si la da a la excarcelación, el abogado quedará libre hasta que se resuelva la causa. Y si le deniega el planteo, continuará detenido bajo la figura de prisión preventiva y debería ser enviado al Penal de Chimbas. Aunque en los dos casos, el fiscal en el primero y la defensa en el segundo, pueden apelar a la Cámara Penal.
El fiscal Carlos Rodríguez ya se opuso a la excarcelación y se tomó de dos cuestiones. Advirtió que ser jefe de una asociación ilícita es un delito que prevé una pena de cumplimiento efectivo (si es condenado, tiene que ir preso sí o sí) y que si es liberado, al conocer los detalles de la causa, puede ayudar a su exsocio Alday, que continúa prófugo de la Justicia.
Graffigna siempre fue el abogado de los expropiados en los juicios sospechados y está en el ojo de la tormenta porque se presume que tejió cuidadosamente las maniobras para que la provincia fuera condenada a poner cifras exorbitantes que exceden de manera escandalosa el valor real de los terrenos. Por ejemplo, por 1.500 metros de vereda tuvo que desembolsar una suma increíble que orilló los 23 millones de pesos y por 1,5 hectáreas en Iglesia pagó casi 8 millones de pesos.
De la investigación, dicen fuentes calificadas, surge algunas de las irregularidades que se cometieron. La presunción es que en juicios de Cuesta del Viento, Graffigna o un enviado arrancó el acta de desposesión del terreno y ni el Tribunal de Tasaciones ni el juez que intervino mandó a pedir el documento a Recursos Energéticos. Así, sin el acta, en lugar fijar el precio al momento de la desposesión, los inmuebles se tasaron a valores actuales y el magistrado aplicó intereses desde el año en que se firmó el decreto de expropiación es decir, en 1985. Conclusión, sostiene la Fiscalía de Estado como parte querellante, hubo una doble e ilegal actualización que llevó los números a las nubes, consumando un perjuicio económico contra el Estado.
Es la segunda vez que Graffigna está preso por el tema expropiaciones. Hace dos años fue detenido por una causa conexa en la que se lo investiga si estafó a sus antiguos clientes en juicios de expropiaciones (ver foto).
Junto a Graffigna, en la megacausa están imputados 6 exmiembros del Tribunal de Tasaciones, la exjueza Rosalba Marún, el exfiscal de Estado Mario Diaz, la experito del Estado Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos Adán Ruiz y Alday. Menos el último, todos fueron indagados y Rosellot tiene que decidir ahora si los procesa.
Otro que está en el ojo de la tormenta es el juez Carlos Macchi. Contra él hay en marcha un Jury, está suspendido y si es removido, seguramente será sometido a la causa penal. El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, lo acusó de actuar en connivencia con Graffigna.