Es el escándalo judicial más grande de la historia provincial. Se trata de la causa en la que están en la mira abogados, exfuncionarios y exjueces que habrían formado una red delictiva para sacarle millones de pesos a las arcas oficiales al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado. De hecho, se pagaron 42 millones de pesos y se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones. Por su complejidad, la investigación judicial demandó ocho años, en la que además hubo inhibiciones de magistrados por razones de amistad con algunos imputados, infinidad de pedidos de los defensores de los implicados y hasta se produjo, en un proceso aparte, la destitución de un juez. Luego de responder y rechazar planteos de prescripción y nulidades, Benedicto Correa, titular del Quinto de Instrucción, clausuró la investigación y elevó el caso a la Sala Penal para que se lleve a cabo el juicio contra ocho procesados: Santiago Graffigna, Horacio Alday, Carlos Macchi, Rosalba Marún, Ana María Melvin, Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos.
De esa forma, el juez le hizo lugar al pedido que había efectuado en marzo de este año el fiscal de Instrucción, Carlos Rodríguez, y su decisión es fundamental, ya que es inapelable, por lo que los acusados van derecho al debate oral y público. El expediente judicial se desató en 2010 tras la denuncia que realizaron desde la gestión pasada (ver cronología). Pero dos años antes, el entonces asesor Guillermo De Sanctis había sido una pieza clave para disparar el sumario administrativo que detectó las primeras irregularidades y culminó con la cesantía del abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi (fallecido), quien fue señalado como una de las patas de toda la maniobra. De Sanctis asumió en el órgano que defiende el patrimonio de la provincia y le dio un fuerte impulso a la causa.
Debido a la inhibición de magistrados, algunos porque esgrimieron amistad con los involucrados y otros porque intervinieron en alguna etapa del proceso, el tribunal que realizará el debate será inédito, ya que estará conformado por jueces de primera instancia (ver aparte). Fuentes calificadas señalaron que, una vez que el cuerpo colegiado esté conformado, todo indica que el juicio comenzará en 2019.
Lo que se ventilará son los tres procesamientos que dictaron en diferentes momentos María Inés Rosselot (jubilada) y Benito Ortiz (subrogante), quienes estuvieron al frente del Quinto de Instrucción, sumado al que sacó el propio Correa, su actual titular. Las tres resoluciones habían sido apeladas, pero todas quedaron confirmadas. Los expedientes contemplan las causas denominadas Cuesta del Viento, Parque de Mayo, Canal Benavídez, Ruiz Guillermo, Basañez Luis y Herrería. En todos los casos se vislumbra la misma mecánica, una presunta connivencia entre todos los actores para sacarle plata al Estado, cuando este llevaba a cabo expropiaciones de inmuebles. En Parque de Mayo, uno de los casos emblemáticos, se trató de la demanda por la expropiación de unas cinco hectáreas del predio, a principios del siglo pasado. En la sentencia civil, por el cómputo de intereses, la provincia estuvo a punto de pagar, según se dijo en su momento, unos 1.500 millones de pesos a favor de Graffigna, pero dicho proceso, al igual que otros, se frenó.
Según la investigación, el abogado Graffigna está señalado como el jefe de una asociación ilícita mientras que su exsocio Alday se encuentra procesado como partícipe de dicha organización. El entonces juez civil Carlos Macchi fue destituido y también está implicado como miembro de la banda, al igual que Marún, quien renunció y se jubiló ante un inminente proceso de remoción. Los restantes involucrados son los peritos que actuaron para Graffigna (Videla, Bustos y Quiroga) y la perito Melvin, quien se desempeñaba en Fiscalía de Estado.
> El tribunal, con jueces de primera instancia
De cara al juicio por la megacausa de las expropiaciones, hay un grupo acotado de jueces penales que pueden integrar el tribunal. Se trata de magistrados de primera instancia, entre los que se encuentran Martín Heredia, del Cuarto de Instrucción; y los correccionales Matías Parrón, Silvina Rosso y Carolina Parra, ya que, en este último ámbito, Mónica Lucero está de licencia por enfermedad mientras que Eduardo Agudo se jubiló. De esa manera, el cuerpo colegiado será inédito, ya que a los jueces de Cámara (los de segunda instancia) se les suele sumar uno de instrucción o correccional a la hora de realizar un debate.
El escenario quedó conformado de esa manera porque hubo camaristas que se inhibieron porque intervinieron en alguna instancia del proceso (como apelaciones) y algunos esgrimieron motivos de amistad con alguno de los imputados. Lo mismo sucedió en los cuatro restantes magistrados de instrucción. En cuanto a los fiscales, hay chances de que Carlos Rodríguez colabore en la acusación en el juicio, dado que conoce la causa desde sus inicios. Además, es una costumbre de la Fiscalía General la de reforzar el cuerpo de agentes en casos emblemáticos.
> La situación del cuarto procesamiento
La megacausa se fue constituyendo en cuatro cuerpos, de los cuales, tres fueron elevados a juicio y uno quedó pendiente. Se trata del llamado cuarto procesamiento, el cual fue confirmado por la Sala de Apelaciones de la Cámara Penal. En ese expediente se encuentran procesadas otras siete personas: el exfiscal de Estado, Mario Díaz; el exempleado de la Dirección de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; y los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera. También había sido procesado Joaquín Francisco Fernández, pero este falleció.
Todos están bajo la lupa por ser parte de la presunta red delictiva que se dedicaba a sacar plata al Estado a través de los procesos de expropiaciones. El fallo fue confirmado por los camaristas Maximiliano Blejman, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Silvia Peña.
Fuentes calificadas señalaron que el cuarto expediente puede sumarse a los tres que ya fueron elevados a juicio, aunque todo dependerá del tiempo que demore la apelación que realicen los defensores y los plazos de realización del juicio oral y público.
* Acusador
Parte querellante
Fiscalía de Estado, que hoy conduce Jorge Alvo, es parte querellante en la causa, por lo que intervendrá en el juicio en su rol de acusador.
* Los abogados
Santiago Graffigna
Va a juicio procesado por organizador de una asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública (siete hechos) y tentativa de fraude (ocho hechos), entre otros.
Horacio Alday
Está acusado de ser miembro de la asociación ilícita, además de estar imputado por tentativa de fraude (cuatro hechos) y defraudación por ocultamiento de pruebas.
* Los exjueces
Carlos Macchi
Fue destituido por el escándalo. Está procesado como integrante de la red delictiva, por fraude contra la administración pública (dos hechos) y tentativa de fraude (tres hechos).
Rosalba Marún
Renunció para jubilarse ante la inminencia de un jury. Está acusada de ser parte de la red delictiva y de fraude, tentativa de fraude e incumplimiento de sus deberes.
Cronología
2008
- Septiembre En la gestión pasada, el entonces asesor Guillermo De Sanctis investigó administrativamente algunos juicios de expropiaciones. Así, el Ejecutivo ordenó iniciar un sumario.
2010
- Octubre El entonces secretario general de la Gobernación radicó la denuncia. Antes, el Ejecutivo echó al abogado Norberto Baistrocchi de Fiscalía de Estado por su accionar negligente.
2013
- Enero Rosalba Marún renunció y se jubiló de su cargo como jueza civil. La magistrada había quedado envuelta en el escándalo y se vislumbraba un proceso de destitución en su contra.
2013
- Marzo Tras una orden de la jueza Rosselot, la Policía apresó a Graffigna, Rosalba Marún, Mario Díaz, Néstor Ruiz, Ana María Melvin y a exintegrantes del Tribunal de Tasaciones.
2013
- Diciembre Tras un proceso de jury de enjuiciamiento, Carlos Macchi fue destituido de su puesto de juez civil. Luego fue denunciado en sede penal y ahora enfrentará el juicio.
2018
- Marzo El fiscal de Instrucción, Carlos Rodríguez, realizó el requerimiento de elevación de la causa a juicio. El planteo llegó al Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa.