"No puedo todavía afirmarlo ni confirmarlo, ni tampoco desmentirlo", dijo ayer el juez Atenágoras Vega, a cargo de la causa por fraude con casas del IPV, sobre la participación o no de funcionarios del organismo en el caso, según declaraciones que hizo a Radio Sarmiento.
El proceso tiene ya cerca de 40 denuncias de personas que dicen haber sido estafadas pagando entre 7.000 y 15.000 pesos por carpetas de barrios que construye el Instituto, a quienes se presentaban como representantes del Movimiento Agropecuario Provincial, tres de los cuales ayer continuaban detenidos. Los denunciantes hablan de unas 220 presuntas víctimas y de una estafa millonaria.
Mientras el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción dijo que no dejan de lado ninguna hipótesis de investigación, ayer en el Gobierno se mostraron medidos de hablar de funcionarios del IPV implicados en el asunto.
"El que cae trata de embarrar a otros", dijo José Luis Gioja consultado sobre el tema. Agregó que "pueden nombrar a los (funcionarios) que quieran, nuestra tarea ha sido la mejor de todas".
Por su parte, el interventor del Instituto, Vicente Marrelli, salió ayer a dar su visión en conferencia de prensa y dijo que "el IPV no tiene nada que ver".
Ayer circuló una versión sobre que la jefa de Adjudicaciones del IPV, Mirta Cocinero, figura mencionada en el caso, aparentemente por las víctimas de la presunta estafa, como el eslabón que los acusados mostraban con el organismo en la gestión de casas. Consultado, Marrelli la defendió y la confirmó en el cargo. Ella no quiso hablar con la prensa.
El funcionario agregó que "la investigación la tiene que hacer la Justicia y la que corresponda se hará acá. En realidad, por lo que yo veo, podemos hacer un sumario interno, pero hasta el momento no tenemos elementos". Por lo bajo, fuentes del IPV ratificaron que en los altos mandos del organismo están convencidos de que no hay funcionarios involucrados.
El interventor dijo que cree que puede haber casos de este tipo sin necesidad de complicidad interna porque la información que se dio sobre los barrios sorteados fue pública. Agregó que el único dinero que se maneja entre los gremios o asociaciones civiles y la gente es por la compra del terreno, pero que el IPV no entiende en esa instancia.
Marrelli también aseguró que no tienen previsto cambiar ningún mecanismo de control actual: "Estamos trabajando y se controla estrictamente a la gente que salió en los sorteos y vamos a seguir así". Y dijo que la situación "perjudica al organismo porque nos cuesta hacer lo que estamos haciendo para que no haya irregularidades. El tema viviendas es un tema complejo tenemos 48 mil inscriptos y los que no han salido sorteados no están muy contentos".
En el IPV dicen que son frecuentes las averiguaciones sobre si ciertas personas son parte del organismo pero, judicializado, sólo recuerdan un antecedente. Según Marrelli, el año pasado una asesora del gobernador, Elizabeth Castillo, denunció a un hombre de apellido Cortijo que decía ser empleado estatal y que tramitaba viviendas mencionando a la mujer. Según Marrelli, al IPV llegó el oficio judicial preguntando si ese señor, desconocido para el organismo, trabajaba allí.