Buenos Aires, 8 de junio.- La fiscal Alejandra Gils Carbó aseguró que trabajó toda su vida para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, al ser la nueva candidata propuesta por el Gobierno nacional tras la declinación del titular de la SIGEN, Daniel Reposo.

En declaraciones a FM Imagina, Gils Carbó señaló que se trata de una oportunidad para demostrar su experiencia en el cargo, por lo que "no podía rechazar el ofrecimiento".

"Tengo 20 años de carrera judicial, es una designación muy importante, sé que hay muchos temas importantes que estudiar pero me siento muy tranquila", manifestó la fiscal.

La postulación de la fiscal, que será oficializada el próximo lunes en el Boletín Oficial, se produjo luego de que Reposo comunicara su declinación a la candidatura en cuatro cartas dirigidas a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, y los jefes de los bloques de senadores radical y justicialista, Luis Naidenoff y Miguel Ángel Pichetto.

Reposo aludió a haber sido víctima de acusaciones maliciosas respecto de su trayectoria y capacitación, las que fueron expuestas durante la audiencia pública realizada por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.

El pliego de Reposo iba a ser debatido el próximo martes en una sesión especial en el recinto, pero hasta el momento no alcanzaba con los votos necesarios para ser aprobado.

En tanto, Gils Carbó se desempeña desde 2004 como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Es especialista en sociedades comerciales, quiebras y protección de datos personales e intervino en los casos de Papel Prensa, como así también se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal.

Antes de trabajar en la fiscalía fue prosecretaria letrada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y secretaria del Juzgado Comercial 8.

También es coordinadora de la Comisión por el derecho a la identidad biológica, creada por el ex Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.

Tal cual ocurrió con Reposo, su postulación se someterá a un período de impugnaciones, que serán revisadas en una audiencia pública fijada por el Senado.