Es reconocido en su país por su participación en la investigación de las cuentas en el extranjero del expresidente de facto Augusto Pinochet y la causa de un sindicalista asesinado por organismos de la dictadura trasandina. Sergio Muñoz Gajardo, actual ministro de la Corte Suprema de Chile, habló ayer con DIARIO DE CUYO minutos antes de la apertura del Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial, que organizó el máximo tribunal judicial local junto con el Gobierno, la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado y la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj). El magistrado elogió a la Justicia argentina, pero indicó que hay jueces que por darse a conocer, toman resoluciones que no son las más apropiadas. Además, dio detalles de las causas de lesa humanidad en el vecino país y sobre el tema ambiental, apuntó a una mayor participación de la sociedad en materia ambiental y a un esquema más rígido para con las empresas mineras que contaminen.



- En su país también han ocurrido delitos de lesa humanidad, ¿cómo se han resuelto?

- Hasta mayo fui coordinador de las causas de Derechos Humanos de Chile e hice un catastro de todas las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas. Concluimos que fueron aproximadamente 3.000. Teníamos algunas causas abiertas, pero un grueso que no tenían causas, por lo que las instruimos para todas esas personas. No hay ninguna persona que haya sido detenida, desaparecida o muerta en Chile durante la dictadura que no tenga un proceso judicial en el que no se haya establecido qué es lo que pasó con ella. Ahora hay dos centenares de personas cumpliendo sentencias, algunos con prisión perpetua. Actualmente se está haciendo un levantamiento de todas las personas que pudieron haber sido lesionadas o torturadas. Son 38.000 casos de personas que han sufrido apremios ilegítimos.



- ¿Qué comparación hace entre las causas de lesa humanidad en Chile y Argentina?

- En Argentina fue más una reparación pública, histórica. Juicios relacionados con un reconocimiento público a las víctimas y que la comunidad lo reconociera. En Chile se dejó actuar a los tribunales y no se les dio ninguna orientación y ellos lo hicieron como si se investigara cualquier hecho delictual.



- ¿Hubo prisiones preventivas en este tipo de casos?

- Sí. Muchos de ellos están con prisión preventiva. La excepción es cuando han tenido una participación menor a la del autor. En ese caso, generalmente, se les ha dado la libertad previsional. Muchos han llegado hasta la sentencia privados de la libertad.


- ¿Tienen castigos más duros para los delitos de corrupción de funcionarios públicos?

- Con la aplicación de la investigación fiscal tenemos una Justicia un poco más negociada.


- ¿A qué le llama "más negociada"?

- Se pueden llegar a acuerdos con la fiscalía, por lo que en los delitos de corrupción se establecen penas que no son tan altas. Así se llegan a muchos entendimientos que hacen que los temas de corrupción no tengan penas ejemplares.


- En Argentina hay debate por el uso de la prisión preventiva para los casos de corrupción. ¿Cómo es en Chile?

- Se aplica en casos muy particulares. En delitos con una alta penalidad como los homicidios.


- ¿Y en los casos de corrupción?

- En esos casos, generalmente llevan un corto periodo de tiempo privados de la libertad.


- Como especialista en derecho ambiental, ¿qué opina de lo ocurrido con la empresa chilena Los Pelambres y la escombrera que depositó en suelo sanjuanino?

- En los temas ambientales podríamos hacer más como sociedad. Ya se ha entendido que el desarrollo no es a cualquier precio. Debemos tener en consideración que el desarrollo también debe ser a escala humana y que no haya un uso y abuso de los recursos naturales. En Chile hay proyectos que no han sido amigables con el ambiente y que, no obstante las cuantiosas inversiones, no han sido aprobados.


- Pasó con Pascua-Lama...

- Pasó con ese proyecto y con otros que no han cumplido estándares determinantes para evitar la afectación del medio ambiente.


- ¿Qué cree que hubiese pasado si una empresa argentina depositaba escombros en territorio chileno?

- No lo podría decir. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de la que fui parte, el principio 10 dice que el que contamina paga. Nosotros fuimos más allá y establecimos que el que contamina paga la multa, las indemnizaciones, las reparaciones y además debe descontaminar.


- ¿Cómo ve a la Justicia argentina?

- Es una justicia que tiene algunos elementos muy destacados que jueces de otros países quisieran tener. Tienen la posibilidad de analizar y aplicar directamente la Constitución. Eso les da un poder enorme porque pueden incidir en lo que pasa en el centro de la ciudad, en la industria o la educación, sin esperar a lo que diga la Corte Suprema. Además, aplican tratados internacionales. Tienen una Justicia que está profundizando mucho en los derechos sociales, políticos y económicos. Por otro lado, hay riesgos que no podemos ignorar que son de naturaleza humana. En Argentina, hay jueces que por notoriedad fallan de forma inapropiada. Pero para eso está la instancia revisora que es la que ejerce el control. Con una jurisdicción activa y un control activo, van camino a tener una justicia de muy buena calidad.