La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer un recurso de los hermanos Felipe y Marcela Herrera Noble para llegar a la Corte Suprema de Justicia en su intento por frenar estudios de ADN que determinen si fueron apropiados en la última dictadura militar.
Con esta decisión, la sala II del máximo tribunal penal del país habilitó a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado a ordenar la realización de los exámenes en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand.
Además el máximo tribunal penal del país rechazó recursos de queja de la imputada directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y de sus hijos adoptivos contra allanamientos donde se secuestró material para incluir en los exámenes genéticos, como cepillos de dientes.
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Lud, entregó al mediodía copias certificadas de las resoluciones en el juzgado de San Isidro, ya que la causa demorará entre dos y tres días para volver a las oficinas de la jueza Arroyo Salgado.
Sin embargo, fuentes judiciales dijeron a Télam que la magistrada esperará a que Casación le remita el expediente y las resoluciones de manera oficial.
Según el letrado de la organización que es querellante en la causa, la magistrada debería fijar fecha para el traslado de las muestras custodiadas en sede judicial al hospital Durand y el inicio del estudio.
"Se le entregó un escrito donde le pedimos que ejecute los análisis de inmediato", explicó Lud a Télam.
Además, ante una eventual recurso en queja con que los Noble podrían ir al máximo tribunal del país, el abogado de Abuelas agregó precedentes que señalan que estos recursos "no tienen efectos suspensivos".
Según el fallo al que accedió Télam, los camaristas de Casación Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron el recurso de los Noble por no tratarse de una cuestión "federal" que debía ser tratada por la Corte.
Los camaristas se refirieron así a una resolución previa de esa misma sala que dejó firme un fallo de la Cámara Federal de San Martín, desde donde se había ordenado la realización de los estudios en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Los Noble pretendían que el examen se realizara en el Cuerpo Médico Forense de la Corte y sólo para ser contrastado con las muestras de las dos familias querellantes en la causa, que sospechan que los jóvenes podrían ser hijos de sus parientes desaparecidos.